Pese a los errores cometidos en losúltimos meses por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), las elecciones del pasado domingo no fueron tan aparatosas y desorganizadas como se preveía.
De los 13,1 millones de empadronados, 9,1 millones sufragaron. El nivel de ausentismo, el cual se preveía que aumente significativamente por el temor de contagio de la covid-19, se mantuvo estable. Si en el 2017 el porcentaje de ausentismo fue del 18,37%, en estas elecciones subió ligeramente al 18,90%. Hay que tomar en cuenta desde el retorno a la democracia en 1979, el promedio de no participación electoral ha sido del 25,6%.
Uno de los grandes problemas que se presentaron en el día de las votaciones fueron las largas colas y el tiempo que tomó a los ciudadanos ejercer su derecho. También hubo demora en la instalación de las juntas receptoras del voto…
Un aspecto no menos importante ha sido la existencia de 5149 actas con “novedades” y sin computar. Estas representan el 12,88% del total. Actas que han tenido inconsistencias numéricas, falta de firma de los vocales de mesa, fallas en el proceso de escaneo, entre otros. Estamos hablando entonces de que no se han computado cerca de 1,2 millones de votos. En consecuencia, no se puede adelantar criterio de quien pasará a la segunda vuelta junto al candidato de UNES, Andrés Arauz. Ese millón de votos puede inclinar la balanza en favor de Yaku Pérez (20%) o de Guillermo Lasso (19,55%).
Más allá de estos aspectos, llama la atención la inacción del Consejo Nacional Electoral (CNE) frente a lo que se conoce como compra del voto. El Art. 204 del Código de la Democracia es bien claro al respecto: los candidatos y organizaciones políticas “no podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a las ciudadanas o ciudadanos”. A este respecto, el llamado de la atención no solo es al CNE sino principalmente a las organizaciones políticas.
Relacionado a esto está el financiamiento privado de las campañas. En la última reforma del Código de la Democracia se amplió el porcentaje de este fondo pero se aprecia que ciertas candidaturas han superado significativamente lo legalmente permitido. Esto no garantiza una competencia en igualdad de condiciones. Habrá ahora que ver si el CNE, de acuerdo a lo que establece el Art. 367 del Código de la Democracia, verifica la fuente, el monto y del destino de esos fondos. Este es un tema muy sensible ya que permite detectar el financiamiento de empresas que contratan con el Estado, de grupos irregulares armados, mafias, carteles de las drogas, etc.
Queda, a la final, una gran preocupación por lo que se pudo haber hecho y no se lo hizo de parte del CNE: organización adecuada de los comicios, acciones de control y aplicación de sanciones a las organizaciones políticas por incumplimiento de las normas, rigurosidad en la impresión de papeletas, campañas de educación al ciudadano sobre la nueva modalidad votación, medidas de bioseguridad, orientación en valores, etc.