La decisión que tomó la Corte Constitucional sobre las preguntas que le hiciera el alcalde de Cuenca para, vía consulta popular, prohibir actividades mineras en ciertas zonas de Azuay, traerá consecuencias catastróficas para el país. Por desgracia, los ganadores de este proceso serán las mafias de minería ilegal y sus auspiciantes disfrazados de ambientalistas, que ya estarán organizando en la provincia operaciones delincuenciales como las de Buenos Aires, Nambija o el Alto Nangaritza.
Esta resolución, tomada por siete de los nueve jueces constitucionales (las juezas Carmen Corral y Teresa Nuques votaron en contra y lo han venido haciendo así, apegadas a derecho y de forma consistente), pretende reformar la Constitución, eludiendo los propios mecanismos establecidos en la norma suprema, a través de una consulta local que tendrá efectos a nivel nacional.
A pesar de que el fallo intenta preservar los derechos adquiridos mediante la irretroactividad, los recursos minerales de la zona en cuestión, que le pertenecen al Estado de forma exclusiva y excluyente, no podrían ser explotados ni beneficiarían al país en el futuro por decisión de una pequeña parte de la población y de sus autoridades locales.
La decisión, por su extraño apresuramiento, dejó sin el derecho de defensa a varias empresas, comunidades y personas afectadas por el caso que presentaron sus amicus curiae (opiniones de terceros). De hecho, el tiempo transcurrido entre el día en que se avocó conocimiento del proceso y la sentencia fue apenas de tres días, algo que solo se explicaría en aquellas decisiones judiciales vertiginosas de un pasado que creíamos olvidado. Pero además, este singular movimiento para resolver de forma precipitada la petición, también violó el derecho a la defensa y seguridad jurídica de las entidades que interpusieron a tiempo varias recusaciones contra uno de los jueces de esa corte, recusaciones que antes fueron conocidas y aceptadas, es decir, que en su momento dieron la razón a los peticionarios y que ahora se pasaron por alto.
Pero hay otros eventos raros en este proceso, y es el comportamiento contradictorio que mostraron varios jueces frente a casos similares en los que se negó por varias ocasiones pedidos del desaparecido prefecto del Azuay por vicios formales (que se repiten textualmente en estas preguntas del alcalde), violaciones legales y constitucionales que ahora se vulneran de modo flagrante.
Hace algo más de un año aplaudimos y confiamos en la designación de la nueva Corte Constitucional que dejaba atrás la infamia, la corrupción y el manejo tiránico de la justicia durante el gobierno anterior. Hoy, en un Estado de derecho, debemos acatar sus decisiones, pero jamás podemos callarnos ante sus desaciertos y atropellos.
El activismo, la militancia, las creencias y las ideologías no tienen cabida cuando se imparte justicia. La ley y la Constitución deben ir siempre por delante de las convicciones personales de los jueces.