El acuerdo de reestructuración de la deuda externa ha sido una de las pocas buenas noticias que el Ecuador ha recibido durante esta pandemia. En medio de la asfixia financiera y necesidades crecientes, el país logró un acuerdo con la mayoría de tenedores de bonos para diferir y mejorar las condiciones de una buena parte de sus obligaciones externas.
De concretarse el apoyo del resto de acreedores, se canjearán 10 bonos originales de USD 17 375 millones por 3 nuevos bonos de un valor de USD 15 835 millones. Esto significará una reducción nominal en USD 1 540 millones, 8.9%. Además, se sustituirán USD 1 060 millones de intereses atrasados por un nuevo bono de USD 911 millones para cubrir esas obligaciones. Más allá de esta reducción nominal, el mayor logro de la negociación es el importante alivio en el flujo de caja para los próximos 5 años, especialmente para los años 2021 y 2022 cuando los pagos serán de tan solo USD 79 y 292 millones, respectivamente.
Las condiciones financieras mejoran significativamente. El interés promedio baja de 9.5% a 5.5%, empezando en 0.5% y subiendo escalonadamente en años siguientes. El plazo sube de 6 a casi 13 años e incluye un período de gracias de 5 años. La nueva deuda tiene un valor presente que equivale al 52% de la deuda original, es decir un descuento de 48%.
El acuerdo conseguido es favorable, pero hay que evitar triunfalismos. Inicialmente, se presentó como una liberación de USD 16 mil millones, lo cual no es preciso: no se liberan, solo se postergan. Además, da un falso mensaje de que hay recursos para otros fines. En realidad, seguimos en una situación fiscal crítica y lo más difícil está por venir.
El próximo gobierno tendrá menores presiones para servir esta deuda. El pago anual será de apenas 0.5% del PIB en promedio. Sin embargo, tendrá la responsabilidad de aprovechar este espacio para llevar adelante un proceso de consolidación fiscal que devuelva la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad a las finanzas públicas como base de una reactivación duradera e inclusiva.
La gran tentación que enfrenta el país es que las próximas administraciones aprovechen este espacio para postergar el ajuste, incrementar los gastos e incluso emitir nueva a deuda en condiciones desventajosas, repitiendo así prácticas demagógicas que han probado ser nefastas. Para resistir esta tentación, los candidatos presidenciales podrían comprometerse a mantener la responsabilidad fiscal y una regla simple: no emitir más deuda de mercado hasta 2026 cuando se pueda conseguir las mismas o mejores condiciones a las de este acuerdo, es decir, un plazo mínimo de 13 años y una tasa máxima de 5.5%.
De no llegar a un acuerdo de esta naturaleza, el país podría terminar en el peor de los escenarios: más endeudados, insostenibles y sin credibilidad.