Las entidades del Estado cada año realizan convocatorias para proveer de uniformes nuevos a sus empleados. Estos contratos fluctúan entre USD 60 000 y 2,5 millones, según el número de trabajadores y las especificaciones de los contratos del Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop).
Una de las adjudicaciones más grandes que se ha dado en el sector público en los últimos años fue la de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que llamó a la confección de 85 342 prendas para sus trabajadores, en el 2009, por USD 2,5 millones.
Según los contratos, las prendas para las mujeres fueron: faldas, blazers, pantalones, dos tipos de blusas, chalecos, pañoletas. En cambio, el uniforme para los hombres consideraba ternos, dos tipos de camisas y corbatas.
Así lo muestran los documentos del proceso al que tuvo acceso este Diario. Al momento de ser contactadas las instituciones involucradas, como la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) y la CNT, prefirieron no pronunciarse sobre el proceso.
A pesar de ello, los escritos señalan que parte de las exigencias de la entidad fueron que en las prendas el agregado nacional, es decir, los componentes con que se realicen los uniformes, sean del 40%. Además, que la empresa que gane la adjudicación funcione en Ecuador e incorpore el 60% de insumos nacionales, donde debía incluirse la mano de obra.
El gremio textilero alertó a mediados del 2009, cuando se lanzó la primera convocatoria para este concurso, que en el país sí era posible encontrar este tipo de telas y que se debería privilegiar a las empresas nacionales.
Sin embargo, en medio de estos reclamos, que fueron presentados por la AITE al Incop, a los ministerios coordinadores de la Producción, Telecomunicaciones y hasta la Presidencia de la República, la firma que confeccionó los uniformes fue Le Chateau, de propiedad de Washington Aguayo. La compañía está ubicada en el kilómetro 14 de la Panamericana Norte, en las afueras de Quito.
Una vez que se supo que esta compañía ganó, varios actores alertaron nuevamente, con otros oficios entregados a los órganos de control, que Le Chateau no adquirió las telas en el país. También se reiteró que la industria textil nacional sí contaba con la capacidad para elaborar los casimires que solicitó la CNT en sus pliegos. Básicamente se tratan de telas compuestas con poliéster y lana.
Ante estas críticas, tres años después, Aguayo aceptó que las telas provinieron -y aún lo hacen- desde Brasil, Chile, Perú y Colombia. La razón: “Las fábricas de telas de aquí (Ecuador) son unas fábricas antigüitas que cuando se saca el pantalón queda parado, y cuando se saca un saco es como quitarse una arroba de peso de encima”.
Para este ejecutivo, el agregado nacional que se incorporó en el contrato contempló la “energía (eléctrica), las telas que van en el forro del saco, los arriendos y el trabajo, porque aquí en cada máquina hay una trabajadora”.
De regreso al concurso de adjudicación, las empresas que compitieron la primera vez con Le Chateau fueron Fátima, Gonzalo Sánchez y Jhamtex. Sin embargo, el proceso se declaró desierto el 24 de noviembre del 2009. La razón de la CNT es que las cuatro empresas “no cumplieron con los requisitos mínimos y técnicos exigidos en los pliegos”.
A pesar de ello, el proceso se volvió a abrir el 25 de marzo del 2010. Allí participó otra vez Le Chateu y se adjudicó el contrato el 17 de mayo del mismo año.
Las empresas antes mencionadas sí han realizado uniformes para el Gobierno, en años anteriores. Por ejemplo, Jhamtex es una empresa quiteña que también tiene sus instalaciones en el norte de Quito. Su gerente, Diego Alarcón, evitó pronunciarse sobre el tema, pero comentó que en su fábrica sí tiene experiencia en la realización de uniformes en el sector público. Citó ejemplos: la Contraloría, el Municipio de Quito, la Defensoría del Pueblo, etc.