Pese a que el INEC aún no publica los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo del primer trimestre, los reportes que han divulgado tanto el Ministerio de Trabajo como gremios productivos muestran un desplome del trabajo formal en lo que va del año, como consecuencia de la emergencia derivada de la pandemia.
En un informe presentado esta semana por el Ministro de esa Cartera en la Asamblea da cuenta que más de 180 000 personas fueron despedidas, hasta el 15 de junio. Asimismo, las cámaras de la producción, con base en datos del IESS, señalan la caída en el número de afiliados en unos 240 000, siendo el sector privado el más afectado. Además, se reportó la reducción de unas 30 000 afiliaciones voluntarias, hasta mayo.
Al revisar los datos del Índice de Confianza Empresarial del Banco Central se advierte, hasta abril, que los sectores más afectados en la pérdida de empleo están prácticamente en todos los que son parte del análisis: industrias, comercio, construcción y servicios. Entre los principales argumentos para las reducciones de personal está la falta de ventas de las empresas y obviamente una caída en la producción.
Indudablemente la reducción del empleo formal, además de afectar las condiciones de vida de la población, acarrea la pérdida de ingresos para la seguridad social y eso hace que la prestación de sus servicios estén en serio riesgo en el corto y mediano plazo.
Con la vigencia de la Ley Humanitaria se esperaría que se pueda atenuar el desplome del empleo adecuado y al mismo tiempo se puedan establecer mecanismos de facilidades de pago de las acreencias con el IESS, para aquellos empleadores que adeudan los aportes.
Algo que también ayudaría a promover la creación de nuevas plazas de trabajo y consecuentemente generar más aportes al IESS sería la aprobación del reglamento a la Ley de Emprendimiento. De acuerdo con los pazos previstos se esperaba que esa normativa esté vigente en este mes y no ha pasado nada.