Resulta una miseria humana aprovecharse de la tragedia y la angustia de la gente, en medio de esta pandemia, para cometer actos de corrupción y enriquecerse, mientras se descubren a los presuntos responsables con bolsas de dinero. Eso refleja los operativos de la Fiscalía en los casos últimos que vincularían a políticos y asesores de asambleístas en presuntos negociados y compras públicas en el manejo de la salud, mientras sus titulares se llenan la boca de defensa al pueblo y otros se oponen demagógicamente a las contribuciones especiales. Cinismo rampante. Pasó en Manabí luego del último terremoto y hoy siguen en la emergencia sanitaria. Solo cambian los actores.
El Ecuador no aguanta más tanta corrupción. Cada día un nuevo escándalo y nuevos involucrados, autoridades y funcionarios públicos, allegados a políticos y a miembros de la Asamblea, pero también del sector privado. No es un país de mafias y mafiosos, pero parecería. La mayoría de ciudadanos se ha caracterizado por ser gente honesta y buena, aunque ha sido y es indiferente y permisiva. No asume que todos tenemos derechos pero también responsabilidades como es denunciar y combatir los actos de corrupción.
Condenable los abusos en compras públicas para entregar una ayuda a gente pobre. Peor los enormes sobreprecios en la adquisición de materiales y equipos de salud, señalados en las denuncias de la Comisión Nacional Anticorrupción, los informes de auditoría de la Contraloría y la actuación oportuna de la Fiscalía.
Se aprovechan los delincuentes de cuello blanco, los vivos que a través del internet engañan a gente ingenua que cae en compras frente a necesidades urgentes, pero también aquellos incrustados en la estructura de poder que con audacia se dan la vuelta por las instituciones, hospitales públicos y del seguro social. Daría la impresión que habría bandas aliadas a funcionarios públicos. Habría miembros de la Asamblea que, a cambio de votos, chantajean al Gobierno y luego acuerdan el manejo de sus provincias, que incluiría cargos, influencias en compras en hospitales y el arreglo con contratistas. Tendrían sus cuotas para dar una supuesta “gobernabilidad” al país. Asesores de diputados han caído en presuntas bandas, ¿y sus jefes no sabían? Hasta cuándo el país resiste este esquema de corrupción. No hay recursos pero firman contratos con presuntos sobreprecios.
El problema de la corrupción no es de hoy ni de los últimos 13 años. Lo grave es que desde el régimen pasado se ha extendido de una manera casi normal, con la gravedad que en lugar de cortar de raíz y sancionar estos actos, casi quedó institucionalizada y funcionó una organización delincuencial desde la Presidencia de la República. Frente a ello, es hora de sancionar, terminar la impunidad y recuperar lo robado. Ya basta de tanta infamia!