Voluntarios del Comité por la Institucionalización recogen firmas en el norte de Quito. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO
En el primer intento, cerca del 50% de firmas no pasó. Esta vez, el Comité por la Institucionalización Democrática quiere triplicar el mínimo de rúbricas que hacen falta para respaldar su reforma parcial a la Constitución, que busca -entre otros dos puntos- eliminar el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
El 10 de diciembre del 2019, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que de las 226 168 firmas verificadas se consideraron válidas 106 301. Es decir, requieren entregar otras 26 319.
La etapa de recolección de firmas entró en su recta final. Esta semana, en Quito, Riobamba, Latacunga, Ambato, Loja y Cuenca, el Comité movilizará a unos 450 voluntarios para sumar una base de 75 000 firmas, con las que espera retomar el trámite en la Asamblea.
Pablo Dávila, coordinador del Comité, cree que esta vez sí completarán el mínimo de firmas requerido. Para lograrlo, reforzaron el control de cada rúbrica. “En esto participaron voluntarios que tienen conocimiento en verificación de firmas”, dijo el representante.
En caso de que completen este requisito, el proyecto de reforma constitucional -que busca eliminar al Cpccs, cambiar a la Asamblea hacia la bicameralidad (senadores y representantes) e independizar a la Fiscalía de la Función Judicial- deberá ser tratado en dos debates en el Legislativo.
En ese terreno político, hay tres escenarios posibles para la reforma. El constitucionalista Jorge Benavides explicó que el primero es seguir su trámite normal hasta que se apruebe la convocatoria a un referendo.
Para esto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá conocer el proyecto y después remitirlo a la ya conformada Comisión Especial de Enmiendas. Esa mesa legislativa elaborará un informe para ser tratado en el Pleno durante el primer debate.
La segunda discusión se tendrá que dar 90 días después de la primera. Sin embargo, para la aprobación se requieren las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional, es decir 91 votos.
En la Comisión y ante el Pleno, los encargados de exponer y defender el proyecto serán los representantes del Comité, señaló el asambleísta Héctor Muñoz, integrante de la Comisión de Enmiendas.
Un segundo escenario es que después de las dos discusiones, en el Pleno no existan los 91 votos para la aprobación. Benavides dijo que ese sería el fin de la iniciativa ciudadana, ya que la Asamblea lo archivaría.
Para Dávila, el Legislativo no tiene otra opción que dar paso a la consulta. Basa su criterio en que el artículo 442 de la Constitución solo establece que “el proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea”.
Sin embargo, Muñoz precisó que la única manera en que el Pleno puede aprobar cualquier reforma es mediante votación. Benavides compartió esa visión, y añadió que por Ley los cambios a la Norma Suprema deben darse con los votos de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.
El tercer escenario es que el Legislativo no se pronuncie sobre el proyecto. El Código de la Democracia establece en el artículo 192: “En el caso de que la Asamblea no trate la propuesta en el plazo de un año, los proponentes podrán solicitar al CNE que convoque a consulta popular, sin necesidad de presentar el 8% de firmas de respaldo de los inscritos en el registro electoral”.
Esta no es la única iniciativa en contra del Cpccs. En la Asamblea ya se dio el primer debate de la enmienda con la que buscan quitarle la facultad de designar autoridades. La segunda discusión debe darse en enero del 2021. Para ser aprobada, también requiere de 91 voluntades en el Pleno.
El proyecto del Comité llegará en el momento más complejo al interior de la Asamblea. Creo decidió apartarse de la mayoría parlamentaria que formaba con Alianza País y dos bloques de asambleístas independientes. No hay en el momento una mayoría que pueda poner los votos para viabilizar la reforma constitucional.
Sin embrago, lo que quedó claro, una vez que se conoció la propuesta del Comité, es que en el Pleno no hay acogida mayoritaria a la propuesta de una Asamblea bicameral.
Ha sido en el bloque legislativo de Creo en donde se han escuchado voces a favor del tema. No así en el oficialismo, incluido el presidente del Legislativo, César Litardo.