Las interrelaciones humanas exigen, para una equilibrada sobrevivencia, respetar los límites que generan los intereses individuales y grupales de los demás; decía el mexicano Benito Juárez “El respeto al derecho ajeno es la paz”.
La ambición y el deseo irrefrenables de imponerse, con brutal violencia, a través del pánico y del terror al conglomerado social, constituyen actos erróneos “no hay nada más despreciable que el respeto basado en el miedo” (Albert Camus). Si las hordas de octubre, por sorpresivas, generaron respuestas tibias y timoratas, en los ciudadanos, en las fuerzas del orden y en el gobierno, una vez analizadas, han originado reacciones de resentimiento, rebeldía y de un imperioso afán de preparar acciones para la protección familiar, social y del terruño en que habitamos.
El cinismo conque los dirigentes indígenas niegan sus alardes de prepotencia subversiva, que fueron observados y escuchados a través de los medios públicos, no les inhibe de su culpabilidad en la ejecución de actos vandálicos.
Es lamentable percibir un ambiente aciago de un país dividido y en permanente pugna, en el que la ceguera de políticos y representantes gremiales no ha permitido asimilar los trágicos efectos del doloroso enfrentamiento entre compatriotas.
Las instituciones democráticas también deben cumplir sus funciones responsablemente y abandonar el cálculo político y electorero; primero está la patria y hay que unificarla.
Son criticables la injustificada demora de la Asamblea para tratar, discutir por tramos, componer el Proyecto de Ley Económica Urgente y la apresurada resolución de archivarlo, al borde del vencimiento del plazo, sin tener en cuenta que la angustiosa situación económica clama por medidas sabias emergentes, que alcancen a detener la que se proyecta como una inexorable quiebra nacional.
La presentación del proyecto, por parte del gobierno, también adoleció de improvisaciones, fue carente de una socialización previa con las bancadas de la Asamblea, trató de unificar normas diferentes en sus diversos artículos y tuvo una extensión tan grande, que dificultó su conocimiento por parte de los legisladores.
El efecto de este accionar negativo fue el incremento del riesgo país de 700 puntos, que ya es alto, a 1400, consecuentemente se obstaculizarán los créditos internacionales, con incremento importante de intereses, pierden valor los bonos del Estado, disminuirá más la poca inversión extranjera y se complicará más el déficit fiscal.
El gobierno ha presentado un nuevo proyecto, más corto, con normas unificadas, ha consensuado previamente con los actores políticos y lo ha hecho más viable. La Asamblea ofrece tratarlo en un lapso no mayor de 20 días. La recaudación será menor a la esperada en el anterior, pero su tratamiento adecuado abrirá posibilidades de una lenta recuperación del severo atolladero en que está sumido el país. Confiamos en que el nuevo festejo legislativo tenga como motivo la aprobación de un Proyecto de Ley Económica útil y esperanzador.