La Proforma 2020, cuyo plazo para ser debatida en la Asamblea vencerá la próxima semana, evidencia que el Gobierno tiene escaso margen para cambiar la actual estructura de gasto.
En términos globales, el gasto público sumará USD 35 500 millones, muy similar a lo previsto para el presente año. El hecho de presentar un presupuesto sin mayores cambios refleja que las autoridades tienen complicaciones para reducir el tamaño del Estado. Y este es un problema que sale a la luz cada vez que el Régimen propone medidas para sanear las finanzas públicas.
¿Cómo se puede pedir a los ciudadanos y a las empresas que se ajusten los cinturones, pagando más impuestos o reduciendo los subsidios, si el Gobierno no hace el esfuerzo de bajar el gasto público? Este fue uno de los argumentos para negar la Ley Económica en la Asamblea.
Pero la realidad es que la estructura del gasto público es muy rígida. Salarios, intereses de la deuda pública y subsidios se llevan la mayor parte del presupuesto, lo cual deja menos recursos para la inversión, que es clave para impulsar la producción y el empleo en una economía estancada.
De todas formas, la Proforma 2020 plantea un aumento de la inversión en USD 440 millones. Es la primera vez desde el 2015 que el Ministerio de Finanzas propone un alza en el Plan Anual de Inversiones, que ha sido el principal damnificado con la desaceleración económica y el ajuste fiscal.
También se ve un esfuerzo para aumentar el gasto en bonos sociales por USD 352 millones y reconocer el aporte estatal al IESS, para que pueda cumplir con el pago de jubilaciones.
Pero la mayor asignación de recursos a unos sectores implica una reducción a otros. Por eso hay ministerios con menores presupuestos, como Educación o Defensa, lo cual ha generado malestar.
Corregir los desequilibrios fiscales es el primer paso para enrumbar la economía, pero implica aceptar que el actual ritmo de endeudamiento público es insostenible y que es necesario ceder posiciones, establecer objetivos de país y consensuar reformas clave en la Asamblea.