Con el proceso penal por aportaciones ilegales (en las que existirían varios delitos graves) recibidos por la Alianza de País de Correa, se recurre nuevamente al libreto usado en el caso de Jorge Glas: sin importar la información que se entregue respecto al dinero recibido, su origen, destino y participación de los involucrados se repite como una suerte de mantra protector, la afirmación de que no existe prueba alguna, que esto es “lawfare”.
Le apuestan al paso del tiempo, a la mentira que dicha mil veces parece verdad, porque en el correísmo están convencidos de que el momento del regreso y la venganza (a la que le llaman “justicia” y “memoria”) se aproxima. Una venganza que, de ocurrir, será de forma especialmente violenta si usamos como referencia lo sucedido hace uno pocos días con Martha Roldós, a quien furiosos simpatizantes del régimen de las “manos limpias y corazones ardientes”, de forma coordinada la persiguieron y amedrentaron durante horas por distintos lugares de la ciudad. No es difícil imaginar lo que personas así pueden hacer con poder y apoyo estatal.
Entusiasmados por lo sucedido en las elecciones argentinas repiten el discurso de la persecución y de la injusticia. Dicen que no hay pruebas directas de delito alguno, para ellos las pruebas circunstanciales e indirectas no sirven de nada, usarlas -dicen- es repetir las prácticas de los tribunales de la inquisición. Olvidan que en muchos delitos obtener pruebas directas es prácticamente imposible: la forma en que se ejecutan, el nivel de sofisticación que implica su ejecución, el carácter complejo -dependen de muchas acciones y muchas personas-, por ello se necesita de las pruebas indirectas, siempre que sean coherentes, se confirmen entre sí y permiten inferir conclusiones sólidas sobre los hechos que se examinan. Testimonios, cheques, transferencias bancarias, registros informáticos, en donde el famoso cuaderno de Pamela Martínez es una anécdota en el contexto de las pruebas exhibidas, pero les sirve para hablar del “mayor fraude procesal de la historia”. Otras afirmaciones que hace Correa y su corte sobre el proceso penal simplemente son absurdas; por ejemplo, sostiene que deberían seguirse procesos diferentes por cada delito, algo así como que luego de un robo con armas de fuego, perpetrado por una banda criminal, se siga varias instrucciones penales por cada delito involucrado.
Los procesos penales seguirán su curso y con independencia de lo que se decida sobre la participación de los procesados en los delitos por los que se les investiga, no me queda duda de que Correa es culpable de haber demolido cualquier límite ético en la política ecuatoriana y haber traicionado de forma radical la propuesta con la que llegó al poder, eso de la revolución ciudadana de “manos limpias” se ha comprobado una y otra vez que es una mentira, como tantas, que seguirá repitiéndose sin importar el peso de las pruebas en su contra.