En las actuales circunstancias, la prioridad número uno en el Ecuador debería ser la promoción de la producción y la generación de nuevas fuentes de trabajo.
El Gobierno se ha concentrado principalmente en imaginar maneras de cubrir el hueco fiscal, salir con las justas cada mes y tratar de cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pese a que existe mayor estabilidad y confianza, la ausencia de un modelo que reactive la economía se evidencia en los bajos niveles de inversión e índices de crecimiento.
No obstante, pensar que la reactivación de la economía es solo tarea del Gobierno nacional es un engaño. Se requiere de un mayor involucramiento del sector privado pero también del trabajo que podrían cumplir en este ámbito los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el 2011 se fijaron competencias exclusivas para cada nivel de gobierno. Eso ayudó de algún modo a aclarar el ámbito de acción de cada GAD pero hasta cierto punto significó un retroceso debido al enfoque re-centralizador que imperaba en ese momento, el cual hizo que las competencias de fomento de la producción, la gestión de salud y educación, por poner unos ejemplos, prácticamente se eliminen del campo de acción municipal.
La lectura literal del COOTAD llevó a las autoridades subnacionales a una posición cómoda. No hacer nada en estas áreas. Sin embargo, cuando revisamos con detenimiento el COOTAD y no nos quedamos con lo que dice el Art. 55 (sobre las competencias) sino con lo que dice el Art. 54 (funciones), hay un contraste. El literal h) del Art. 54 fija como atribución de los GAD municipales “promover los procesos de desarrollo económico local”.
De este modo queda sustentada la tesis de cómo los GAD podrían trabajar en procesos de promoción del desarrollo económico. No se trata tampoco de que emprendan acciones directas en lo productivo. Se trata de hacer uso de instrumentos potentes que tienen los municipios como son la normativa, el diseño y ejecución de políticas públicas, la construcción de vialidad urbana, la dotación de servicios básicos (agua potable, alcantarillado, manejo de residuos, etc.) y la inversión en infraestructura (mercados, centros de exposiciones, etc.) para la generación de condiciones propicias para el desarrollo económico.
Una industria, por ejemplo, no puede operar sin vías, agua potable, energía eléctrica, normas favorables, incentivos fiscales, infraestructura básica y, por supuesto, con capital humano altamente capacitado.
Esto último es algo que generalmente se pasa por alto, pero es clave. Para tener capital humano de calidad es necesario que los municipios no se descuiden del sector educativo, de la salud, la cultura, la promoción del deporte, entre otros. Ahí es donde de manera directa o concurrente se requiere su participación.