Las necesidades fiscales están llevando al Gobierno a utilizar nuevamente el petróleo como garantía para obtener recursos, una práctica muy empleada durante el anterior gobierno.
Esta semana, el Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables informó que se negocia con la empresa Petrotailandia créditos que pueden llegar a USD 2000 millones, sin comprometer más crudo.
Para obtener recursos sin comprometer más petróleo, una opción es ampliar el plazo de los contratos, es decir, que el volumen comprometido sea por un período mayor.
Se trataría de una nueva operación con la petrolera tailandesa, luego de que el año pasado culminara una renegociación de dos contratos firmados el 2015 y el 2016, que en conjunto significaban 239,34 millones de barriles de petróleo ecuatoriano.
La renegociación, que empezó a finales del 2017, culminó en mayo del 2018 y permitió modificar varios puntos de los convenios, entre ellos, la fórmula para calcular el precio del barril, el valor del transporte y el premio ofrecido por la compañía. También se logró liberar 50 millones del volumen acordado.
La información detallada de esa operación, así como la publicación de los nuevos contratos aún no se conocen. El Gobierno solo dijo que el beneficio para el país ascendía a USD 561 millones por los ajustes contractuales y USD 3 500 millones por la liberación del crudo ofrecido.
Ahora el Gobierno, a través de Petroecuador, busca hasta USD 2 000 millones, los cuales serían entregados por partes. Para este año se prevé que lleguen unos 600 millones.
Esta operación financiera involucra únicamente a Petroecuador y Petrotailandia y debiera servir, en principio, para financiar planes de inversión de la petrolera nacional.
Pero como ha sucedido en ocasiones anteriores, los recursos que comprometen petróleo se quedan en Finanzas, que posteriormente distribuye en función de sus prioridades.
El uso de Petroecuador para financiar el fisco ha complicado en el pasado las finanzas y los planes de inversión de la petrolera estatal.