Es objetivo del programa económico, que cuenta con el apoyo económico del FMI, devolverle la autonomía al Banco Central, que le fuera arrebatada en 2014 con el Código Monetario y Financiero, con nefastas consecuencias.
Autonomía no significa oposición al gobierno, ni falta de coordinación con el mismo. En este caso la autonomía impide que la política monetaria se subordine a la fiscal.
Bajo la dolarización, las atribuciones del Banco Central se ven muy limitadas. Ha perdido el control sobre el tipo de cambio, porque no hay moneda propia. Tampoco tiene nada que decir sobre si vender o no divisas a los importadores, puesto que estos compran con su propia plata. Pero si puede velar por que haya una circulación apropiada de dinero en la economía, evitando una contracción que la frene, o un exceso que alimente la inflación. Lo hace aumentando o disminuyendo los depósitos obligatorios de la banca comercial en el Banco Central.
Con el Código Monetario, quien manda sobre el Banco Central es el Ministro de Finanzas. Cuando el gobierno gastó demasiado, el Central debió restringir el crédito bancario, para frenar la inflación. No lo hizo y el Ecuador se encareció. Cuando el ministro necesitó dinero, le colocó cetes. El cete es un certificado de corto plazo que emite el Tesoro Nacional. Es apropiado, por ejemplo, que si Finanzas emite bonos en los mercados internacionales, le pida al Central un adelanto para pagar obligaciones urgentes, para restituir el dinero tan pronto llegue el desembolso.
Pero Finanzas colocó cetes al Central agresivamente desde el segundo semestre de 2014 para compensar ingresos perdidos por la caída del precio del petróleo. Lo fiscal primó sobre lo monetario. Para el cambio de gobierno su deuda con el Central había llegado a USD 5.879 millones. Para maquillar la cifra, el gobierno le “vendió” los bancos públicos al Central a USD 2.137 millones.
Todo ese dinero es del público, de nosotros, que depositamos en el banco de nuestra elección, y los bancos, en el Central. El gobierno ordenó al Central que le entregue esos fondos, los gastó y no tuvo intención de devolverlos. Un Central autónomo no habría permitido este abuso. Las autoridades de hoy devolverán la autonomía al Central, mediante reforma legal. Además su objetivo es dar un giro de 180 grados a la situación fiscal, de grave déficit a sólido superávit, para poder repagar al Central. Deberán además reversar la supuesta venta de la banca pública. Con ello fortalecerán la solvencia del Ecuador y en particular del sistema financiero.
Nada viene gratis. La contrapartida es que la sociedad pagará más, por alza de impuestos y subsidios que deja de recibir, menos empleos burocráticos, menos compras públicas. El país trabajará más pero gastará menos. El programa requiere tres años de austeridad.
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