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El jueves pasado, al día siguiente del anuncio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras entidades multilaterales, el riesgo país de Ecuador cayó 44 puntos y se ubicó en 640. Se trata del valor más bajo del presente año, pero está muy lejos los niveles alcanzados en enero del 2018 cuando llegó a 430, o de septiembre del 2014 cuando rondaba los 290 puntos.
Aunque el mercado internacional reaccionó positivamente al acuerdo con el FMI, el historial de incumplimiento del país juega en contra. Los inversionistas esperarán un tiempo hasta ver si las autoridades realmente están convencidas de llevar a cabo los compromisos adquiridos y de ejecutar las medidas para conseguir los objetivos planteados. Ese recelo también ronda entre empresarios locales, lo cual puede retrasar la llegada de inversión privada, tan necesaria para evitar una recesión económica.
El apoyo de los multilaterales al Plan Prosperidad, presentado en agosto pasado por el Gobierno, deja a las autoridades en relativa ‘libertad’ para llevar adelante su propio plan, pero las hacen responsables del éxito o fracaso del mismo. El Presidente de la República asumió esa responsabilidad al señalar que las organizaciones mundiales han decidido “sumarse” y al plan del Gobierno. En la misma línea, la Jefa de la misión del FMI para Ecuador señaló que se ha llegado a un acuerdo “en apoyo del plan de política económica de Ecuador”. Incluso destacó que el plan del Gobierno apunta a crear una economía más dinámica, sostenible e inclusiva.
Ambas declaraciones apuntan, por un lado, a impulsar una serie de medidas que se verán en las próximas semanas para estabilizar las finanzas públicas, fortalecer las reservas internacionales, reducir el déficit fiscal, mejorar la competitividad, reducir la pobreza, etc. Pero también buscan minimizar las críticas sobre la imposición de medidas de ajuste por parte del FMI, que siempre exige a cada país la presentación de un programa de estabilización.
El Gobierno diseñó un plan en esa dirección, lo cual allanó el acuerdo con el FMI. El Plan Prosperidad, de hecho, parte de varios principios que están acordes a la condicionalidad del Fondo.
Ahora, si bien las autoridades locales son las primeras responsables de la selección, formulación y ejecución de las políticas que se adopten para alcanzar los objetivos del programa respaldado por el FMI, al apoyar el programa de Ecuador los multilaterales se juegan la credibilidad de las políticas que defienden. Esa combinación de responsabilidades juega a favor del país. Se espera que el Gobierno no solo cuente con el apoyo financiero para financiar la transición hacia la estabilización económica, sino también la cooperación y el apoyo técnico para implementar una serie de reformas estructurales para conseguir los objetivos planteados: impulsar la competitividad, crear empleo, fortalecer la dolarización, mejorar la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción.