Centros de Rehabilitación Social, les llaman. Allí están las personas privadas de libertad (PPLs), simulan con el eufemismo el relato oficial.
Ninguna de estas denominaciones públicas corresponde, penosamente, a la realidad de las cárceles y de los presos.
Durante la década pasada los operadores de comunicación, los esbirros del poder y los funcionarios ensoberbecidos protestaban cuando los medios de comunicación llamaban a las cosas por su nombre.
El ex presidente en Latacunga dijo que la ex cárcel es un insulto: ‘Comparen con el nuevo centro de rehabilitación social, es una maravilla’(web, Periodismo Ecuador, 2014). Bueno, el ‘nuevo modelo’ con costos de construcción millonarios, que se debiera investigar, no tiene agua potable sino por horas. Jamás se coordinó dicho abastecimiento con el cabildo de la capital del Cotopaxi y la situación es calamitosa. En Santo Domingo, cosa igual con el agua.
En Latacunga, como en Cuenca, Machala y Guayaquil, las cámaras de los noticieros de televisión reprodujeron los recorridos de los periodistas. Varios reportajes de EL COMERCIO de diciembre y enero mostraban el hacinamiento, historias personales y el drama humano que allí se vive.
Algunos detectores de metales están en mal estado y fallan. Basta ver los cuchillos ocultos que se revelan, o conocer la noticia de un policía detenido, muerto dentro de prisión en Latacunga con uno de varios balazos esta misma semana.
Todavía no sabemos del avance de la investigación sobre el asesinato de la directora del centro penitenciario en Guayaquil.
¿Quién introduce armas de fuego? ¿Quién controla a los visitantes y vigila sus pertenencias (un cartel que publicó hace unos años Plan V decía que la autoridad no se hace responsable por los objetos en su custodia). ¿Quienes son, que capacitación ética y técnica tienen los guardias penitenciarios? (No olvidar maltrato en Cuenca).
En Machala hay una habitación con camas de madera donde viven hacinados más de una decena de presos.(Disculpen por llamarlos así. La autoridad, acaso, prefería que les digamos PPLs;creo que lo mejor, en vez de maquillar con lenguaje políticamente correcto la realidad, sería cambiar el estado de cosas, eso es lo que afecta seriamente la dignidad de las personas y no las palabras con que se les identifica).
El país debiera saber (y la Contraloría lo debe investigar) las condiciones de los contratos de alimentación de los detenidos. Conocer los montos de esos contratos y vigilar la calidad y composición de los balances alimenticios y nutricionales.
Es una medida sana y urgente separar de entre los detenidos comunes a los presos peligrosos y aislarlos. Es imperioso que las personas sentenciadas estén en un lugar distinto de los que aguardan sentencia y podrían salir en libertad. Tampoco deben estar con los presos comunes los ciudadanos que, por la causa que fuere, no cumplen con sus pensiones de alimentos a tiempo.
El infierno en la tierra está en las cárceles.