El arranque de la campaña electoral muestra señales confusas que se debieran corregir de inmediato, más allá de los 80 000 candidatos.
Es absurdo que la campaña arranque cuando el Tribunal Contencioso Electoral, TCE de reciente formación, todavía no ha terminado de resolver ni sustanciar todas las impugnaciones a varias candidaturas.
Más allá de la situación atípica, extraña, se diría, algunas de las papeletas no se podrán imprimir sin la decisión del TCE.
Otro tema, relativo a la organización del Consejo Nacional Electoral, CNE es el proceso de monitoreo del pautaje de la propaganda en los medios que será complejo de controlar con precisión. El CNE ha optado por firmar un convenio con la ONG Participación Ciudadana que, por las limitaciones presupuestarias y de personal, podrá hacer una cobertura parcial.
No pareció una buena idea que complete este monitoreo la Supercom, entidad que deberá ser abolida por carecer de sustento constitucional y que en cuanto entre en vigor la reforma a la Ley de Comunicación deberá desaparecer. Pero además, la trayectoria del organismo -empleado como alfombra del modelo de poder concentrado- no guarda las cualidades y hasta se podría poner en duda la independencia de un trabajo que debe ser aséptico por esencia. Además el titular de la Supercom dijo que el ente no tiene capacidad técnica de hacer el monitoreo. Hay que olvidar la idea.
Mientras los recorridos de los miles de candidatos siguen, otro escenario de esta campaña tiene un elemento tan absurdo como novedoso. La Constitución de Montecristi inventó el malhadado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que durante la década arrasada se convirtió en burdo apéndice de los apetitos y exigencias del modelo de poder concentrado.
Algún iluminado tuvo la infeliz idea de proponer en la Consulta Popular de hace un año de prolongar la vida útil de este poder inútil y contra natura (ojo, contra natura si es, como ocurrió, un poder dependiente con cordón umbilical del Ejecutivo).
Y lo hizo no solamente dando oxígeno a sus atribuciones constitucionales, en vez de haber extirpado sus alcances pero, para colmo, proponiendo que sus vocales sean electos en las urnas.
De allí deriva el galimatías de una elección con tres papeletas, una para un representante de minorías étnicas, otra papeleta de hombres y otra de mujeres. Y empezó el carnaval, las pantallas de televisión ya tienen diminutas cuñas con pastillas de los oferentes. Son 43 candidatos para los 7 puestos del Cpccs, que vendrán a salpimentar esta campaña que, ya se ha comentado, tiene más de 200 partidos y movimientos, más de 80 000 candidatos y algunas ciudades con 21 postulantes a las alcaldías y prefecturas.
Por ejemplo solo en Quito, habrá más de 72 candidatos a concejales en los primeros lugares de las 18 listas. Es decir, habrá 962 candidatos a concejales que se disputan 21 curules edilicias. Una Torre de Babel.