El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio está a punto de concluir el mandato nacido de la consulta de febrero pasado.
La revalorización de las instituciones ha tenido un inicio auspicioso, pero no exento de escollos complejos de superar. No han faltado críticas, propias de procesos en los cuales la intención es dejar atrás modelos apuntalados en el clientelismo y la concentración de poder.
Faltan aún las designaciones del nuevo Fiscal General -para que imprima celeridad en la lucha contra la corrupción-; del Tribunal Contencioso Electoral, Defensor del Pueblo, Defensor Público, representantes de jubilados y afiliados del Biess, miembros de la Conferencia de Soberanía Alimentaria y superintendentes de Bancos, Compañías y Ordenamiento Territorial.
Ayer se posesionó el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ); siguiendo la norma, la persona salida de la terna de la Corte Nacional de Justicia debe presidir el organismo. Su designación provocó que se rompiera la unanimidad observada respecto de los otros integrantes.
El CNJ transitorio se fue sin evacuar lo primordial de su encargo. Más allá de las disputas entre sus vocales, quedó pendiente la evaluación a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Tampoco logró el organismo renovar a los fiscales distritales, lo cual entorpeció la justicia.
Ahora queda esperar que los miembros del CNJ demuestren en sus decisiones competencia, capacidad intelectual, honradez e independencia, como la hora exige.
En cuanto a la Corte Constitucional (CC), la selección de los nuevos magistrados ha sido minuciosa. El país requiere acciones de altura, profundidad y transparencia, así como una marcha eficiente frente al cúmulo de causas represadas.
El país espera que el CNJ y la CC cercana a posesionarse se desempeñen en bien de la patria, al igual que quienes ya fueron investidos en las funciones de control y quienes lo serán. Solo así tendrá sentido la decisión de los votantes y el trabajo de los consejeros transitorios.