Con la presentación de la Proforma para el 2019, se ha revelado que el campo de acción en el que busca moverse el gobierno para poner en orden las maltrechas cuentas públicas, es muy ajustado.
Por sobre las visiones de los técnicos parece que han prevalecido las que provienen de sectores políticos. Se ha acudido a una estimación del precio de barril de crudo mayor que la del presupuesto del año pasado, lo que permite que, en el papel, las exigencias que demandan las contribuciones a la seguridad social no distorsionen aún más los desequilibrios entre los ingresos y egresos esperados. En cuanto a los ingresos, en materia de recaudación de impuestos queda por verse con antelación si en el presente año se alcanza la cifra estimada a percibir por la amnistía tributaria incluida en la última reforma legal.
De allí habrá que realizar los análisis necesarios para determinar, con más precisión, cuánto se espera realmente que incremente la recaudación de tributos en el próximo año, teniendo como base el pobre desenvolvimiento de la economía en el ejercicio fiscal en curso, añadiendo que las expectativas no mejoran sustancialmente para el periodo venidero.
Son una serie de supuestos que de no materializarse mantendrán en permanente angustia a la caja fiscal, que no abandonará su precario estado de convalecencia.
Hay que reconocer que en el ejercicio sobreviniente habrá que destinar más recursos para atender tanto los compromisos de deuda local como los que vendrán de las obligaciones del exterior. Allí hay señales que, descontado el servicio de la deuda, se ha hecho esfuerzos para que no se dispare el gasto corriente.
Al parecer se han ejecutado malabares para, sosteniendo erogaciones en salarios casi idénticas al del año que termina, el resultado final no resulte más traumático.
Lo que surge como interrogante a descifrar es a qué corresponde ese rubro de casi mil millones que se espera recibir, sin que se precise adecuadamente su origen. Si los mismos provendrían de supuestos procesos de enajenación de activos, no se percibe que se estén dando pasos para facilitar que aquellos terminen con éxito. Si se quiere que ingrese capital privado en los sectores de infraestructura o en el de energía, hace falta que se introduzcan los cambios normativos adecuados para dar confianza a los que se sientan atraídos para invertir en esos sectores.
Premisas claras sobre las condiciones en las que operarán tales concesiones son imperativas, evitando que la normativa que regula esos procesos permita interpretaciones subjetivas que amenacen la certeza que debe caracterizar a los mismos, evitando así que en el futuro el estado deba enfrentar costosos procesos en el exterior.
No se ve la acción decidida del gobierno para enfrentar los temas cruciales que demandan más atención. Indefectiblemente ese es su estilo, no hay visos que pretenda modificarlo.
Parece que está convencido que su tarea primordial es la transición. La pregunta que surge es ¿hacia qué?