Paúl Vera (izq.), María Palacios y Pablo Palacios llegaron a la Arquidiócesis de Cuenca. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO
Antes de que fuera a la escuela contó lo sucedido. “Le dije que los profesores habían sido juzgados y que él era un superhéroe, porque ayudó a proteger a otros niños. Él solo sonrió”, relata Beatriz (nombre protegido). Ayer 5 de octubre del 2016, durante el desayuno, le explicó a su hijo, de ocho años, que esas horas que pasó en los juzgados valieron la pena.
La madrugada de ayer, el Tribunal Penal que llevaba el caso de violación contra el pequeño y otros tres compañeros de aula sentenció a dos maestros a 29 años y 4 meses de prisión.
Poco antes, otro Tribunal acusó de tortura a dos profesores más. La condena para ellos fue de 17 años por intimidar y golpear a los escolares en los baños de la escuela pública del norte de Guayaquil.
“Han sido cuatro días de audiencias intensivas. Tanto los padres como los abogados estamos desgastados (…). Pero estamos satisfechos por lograr justicia, porque creyeron en los niños”, dijo Stives Reyes, abogado de los padres.
Pero la Fiscalía apelará. El fiscal César Peña, quien siguió el caso por violación, ratificó que insistirá en la pena máxima de 40 años de cárcel.
Los fallos se dieron un día antes de que caducara la prisión preventiva por violación. El 6 de octubre de 2017 comenzó esa investigación.
Los relatos en la cámara de Gesell fueron la prueba principal en ambos procesos. Según las valoraciones psicológicas de la Fiscalía, fueron calificados como creíbles y continuos, porque no variaron desde las entrevistas iniciales hasta los testimonios anticipados.
Los niños contaron que dos maestros los amenazaban para llevarlos a los baños, incluso con cuchillos y una pistola.
Adentro los esperaban dos más. En sus testimonios los pequeños describieron lo que el artículo 171 del Código Penal define como “introducción del miembro viril por vía oral”.
El hijo de Héctor (nombre protegido) aún siente temor de ir solo al baño. Tampoco usa el inodoro de su nueva escuela. Solo uno de los niños continúa en el plantel público donde ocurrieron los delitos; otro viajó a España con su mamá.
Los tribunales también fijaron multas e indemnizaciones. En el caso de tortura dispusieron una multa de 60 salarios básicos (USD 23 160) y USD
10 000 de reparación para cada niño. Los jueces ordenaron 1 600 salarios básicos de multa (USD 617 600) y el pago de USD 200 000 por cada víctima, en el caso de violación. La retención de cuentas es una de las formas de acceder al pago.
Sacerdote expulsado
Los familiares de quienes denunciaron al sacerdote César Cordero por abusos sexuales llegaron ayer a la Arquidiócesis de Cuenca. La idea fue conocer detalles de la sanción impuesta por El Vaticano y la expulsión de la Iglesia.
Ellos dijeron que utilizarán esa sanción en el proceso judicial que avanza de forma paralela en la Fiscalía de Azuay.
Desde abril de 2018, la Vicaría Judicial de El Vaticano investigaba a Cordero por seis denuncias respecto a abusos contra menores de edad, que se registraron hace más de 50 años en escuelas religiosas de Cuenca que él regentaba.
En la Iglesia, la indagación la realizó Jaime Ortiz de Lazcano, vicario judicial de la Arquidiócesis de Santiago de Chile.
En mayo de 2018, él estuvo dos semanas en Cuenca y Quito y se reunió con los denunciantes, familiares, autoridades religiosas y el implicado.
La sanción llegó la tarde de este jueves y la Arquidiócesis de Cuenca y a su vez remitió al involucrado. En el documento –que no es público- se ordena la expulsión del sacerdote. Esto implica que se le retira los hábitos y “que nunca más podrá oficiar misa”.
María Palacios, hermana de la primera persona que denunció el caso, dijo que como familias se sienten tranquilas porque nadie mintió y que por eso el tiempo les dio la razón. “La Iglesia nos escuchó y hubo los elementos necesarios en contra de esta mala persona”.
La Curia cuencana no emitió ningún pronunciamiento.