El país amaneció otra vez manchado de sangre inocente por un accidente vial. Ya son nueve de magnitud en el año.
Esta vez, un bus de la cooperativa Nambija se desbarrancó; hasta el cierre de esta edición, 12 pasajeros fallecieron y 27 resultaron heridos.
El accidente fue en la provincia de El Oro y según los testimonios de las personas heridas, el exceso de velocidad manifiesto y la imprudencia de rebasar en una curva serían el origen.
Por la tarde, un camión volcó cerca de Jama (Manabí) y dejó 9 personas heridas. ¿Quién se hace responsable?
A más de la injustificable estela mortal, estos accidentes de magnitud dejan otras secuelas: heridas graves, discapacidades y perjuicios económicos para los familiares por los costos de las curaciones o la pérdida de la capacidad de trabajo por discapacidades permanentes, tema que se agrava cuando el accidentado es cabeza de familia y su sostén.
Una vez más, y tras revisar el listado de los nueve accidentes graves que las estadísticas registran en este año en el país, nos preguntamos por los responsables. Y como en la obra de teatro clásico, el responsable es Fuenteovejuna. Todos y nadie.
Exceso de velocidad, impericia, consumo de licor y fallas técnicas severos se encuentran entre las causas más frecuentes de los siniestros.
Aquí hay que ir al fondo para exigir de una vez por todas una respuesta severa al Estado, a las autoridades civiles y policiales, al Gobierno.
Las vidas de los ecuatorianos valen oro y su obligación es cuidarlas, protegerlas y respetarlas.
La autoridad no puede olvidar su deber ineludible: los controles técnicos deben hacerse más frecuentes y evitar, como sucedió con la demagógica medida adoptada por el gobierno anterior, volverlos más laxos y dilatar su frecuencia.
Si los municipios no tienen equipos para el control técnico y hacen las inspecciones al ‘ojo’, esas revisiones no valen de nada. Los autos no deberían circular en esas condiciones, menos aún los de transporte masivo.
Si las licencias se entregan a la ligera, sin adecuados ni severos cursos de manejo, sin que los conductores pasen todos los exámenes desechando el amiguismo, la corrupción y los favores políticos, seguiremos perdiendo más vidas inocentes.
Las autoridades nacionales y locales, así como los políticos, deben asumir su responsabilidad con el peso que exige una obligación moral y un mandato legal. ¡Basta de muertes absurdas y de tanta sangre derramada!