La Delegación de Pichincha del Consejo de la Judicatura abrió un tercer sumario en contra de Wilson Andrade, quien fuera jefe de las salas de Sorteos y de Casilleros Judiciales de Quito.La indagación se abrió por la ausencia injustificada en su puesto de trabajo. El expediente está en la etapa de indagación y el funcionario aseguró que faltó a su trabajo por una dolencia médica.
Los certificados no los presentó a tiempo, según la Judicatura; pero el ex responsable de la Sala de Sorteos y Casilleros Judiciales argumentó que cumplió con los plazos establecidos en la ley.
En contra de Andrade existen dos sumarios administrativos. En el primero se indaga qué hacían dos máquinas copiadoras de llaves en la Sala de Casilleros Judiciales. El 30 de noviembre pasado, funcionarios de la Corte de Quito encontraron esos equipos y comprobaron que no pertenecían al mobiliario de la Función Judicial y que ninguna autoridad había autorizado la entrada y funcionamiento de las copiadoras.
La Sala de Casilleros es clave en el sistema judicial, pues en ese lugar se guardan las notificaciones. Una vulneración de sus seguridades afecta al debido proceso.
El segundo sumario es porque en su despacho se encontraron archivadas 200 000 contravenciones de tránsito y 1 200 desestimaciones fiscales que no fueron sorteadas a los jueces de tránsito y penales, respectivamente.
Este caso generó preocupación a los jueces y policías, porque esa cantidad de boletas que no fueron tramitadas dejó en indefensión a ciudadanos, restó ingresos al Estado y contribuyó a que choferes que debían perder su licencia sigan conduciendo.
Luego de dos meses de investigación, el Consejo Nacional de la Judicatura sancionó a Andrade con una suspensión. Pero la Delegación de Pichincha impulsa que sea destituido. El expediente fue remitido a la sede de la Judicatura para que se tome una decisión. Sin embargo, el ambiente que existe dentro de ese organismo no es el mejor para afrontar el control de los funcionarios.
Sus nueve vocales se encuentran divididos en dos grupos. Uno de mayoría (seis miembros) está encabezado por el presidente, Benjamín Cevallos.
El otro grupo lo componen los vocales: Oswaldo Domínguez; Marco Cordero y Ulpiano Salazar. Ellos han denunciado que no existe un ambiente favorable para la sanción y control de los malos funcionarios del sistema.
Las cifras del 2010 evidencian que se presentaron 720 denuncias en contra de empleados de diversos cargos. De esos casos hubo 50 destituciones, tres remociones, 51 suspensiones, 155 multas y 55 amonestaciones.
Para llegar a la destitución de un judicial se necesita el voto de siete de los nueve miembros del organismo. Entonces, cuando se analiza un caso depende de los acercamientos que existen entre sus miembros para que se concrete la destitución de un funcionario. Esta división también ha causado quejas por el manejo financiero y administrativo del presidente Benjamín Cevallos.
En cambio, el titular de la Judicatura aseguró que el control de los malos funcionarios se cumple “sin contemplaciones… Cuando debemos obtener los siete votos se han sumado la voluntad”.
La falta de control de la Judicatura es uno de los argumentos que tiene el Gobierno, para impulsar su reestructuración mediante una consulta popular.
La principal queja ha sido que los jueces que cometen irregularidades, como permitir que se venzan los plazos para la caducidad de la prisión preventiva, sigan en sus despachos normalmente.
Cevallos manifestó que los cuestionamientos no tienen un sustento, porque desconocen el estado de la Justicia. En ese sentido, sostuvo que se cumple con un monitoreo permanente de los empleados del sistema judicial.
Además, informó que el sumario en contra de Andrade está por cerrarse. En 15 días decidirán si existen los méritos para destituirlo, por la presencia de las máquinas copiadoras en la Sala de Casilleros. El caso de las 200 000 contravenciones todavía no llega a la oficina de Benjamín Cevallos y no podía adelantar un criterio.