El expolio de los dineros públicos que han ido a parar a manos de altos funcionarios del gobierno anterior y de intermediarios y otros participantes en groseros actos de corrupción, sin precedentes en la historia ecuatoriana – conocedores estiman en más de USD 10 mil millones- no es el mayor de los daños sufridos por el país en la década perdida. Los perjuicios ocasionados a la nación por el manejo infame de la economía son mucho mayores.
Con una actitud propia de la estulticia y la corrupción, la administración Correa aumentó el gasto público del 22 al 44% del Producto Interno Bruto, entre los años 2006 y 2014. Esa propensión al gasto produjo un aumento incontrolable de la burocracia -en algún momento el ministerio de Relaciones Exteriores, entregado a un político de barricada, tuvo más de 300 asesores- y, para generar las coimas, se contrataron: carreteras, hidroeléctricas, refinerías, poliductos, almacenamientos de gas, aeropuertos, escuelas, hospitales, universidades, sin los estudios indispensables y sin que se evalúe la conveniencia de tales contrataciones, ni menos se tenga en cuenta el valor real de tales obras frente al precio pagado. Como el barril de petróleo superó los USD 100, Correa encontró la caja fiscal llena de dinero y en la megalomanía propia de los caudillos, contrató sin ton ni son, obras de relumbrón por todo lado, a las que sumó: adquisición de aviones de uso presidencial, vehículos de alta gama y sofisticados sistemas, propios de un estado policial, para espiar y hasta extorsionar a los opositores.
En fin, gastar, gastar y gastar. Ni siquiera ahorró el excedente del precio del petróleo frente al previsto en el presupuesto, que habría sido la mínima muestra de sensatez de un gobernante. Y cuando los recursos del crudo resultaron insuficientes para sostener el absurdo incremento del gasto público, recurrió al endeudamiento local e internacional. Emisión de bonos con tasas de interés que superaron el 10% anual, préstamos con China para la construcción de algunas obras adjudicadas a empresas de ese mismo país, ventas anticipadas de petróleo en condiciones gravosas, que ocultaron comisiones y chanchullos. El gobierno se apropió de recursos del IESS y obligó al Banco Central – convertido en dependencia del gobierno- a trasladarle recursos de la reserva internacional, poniendo en grave riesgo a la dolarización. Y el cinismo de pagarle parte de la deuda entregándole acciones de la banca pública, imposibles de ser vendidas en el mercado.
Lo anterior son apenas ejemplos del manejo irresponsable, cínico y hasta mafioso de la economía. Sumió al Ecuador en una crisis de tal profundidad, que le tomará no menos de 10 años de esfuerzos y sacrificios volver a una economía sana. Los autores de este descalabro no podrán eludir su responsabilidad patrimonial y penal por este atraco.