Como en otros países de América Latina, en los últimos años China es un inversor que pisa fuerte en la Argentina. El impacto ambiental y los beneficios sobre la economía de este desembarco, sin embargo, son objeto de discusión entre actores locales.
Uno de los terrenos clave es el energético, donde un estudio de la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) afirma que el financiamiento chino sostiene fundamentalmente proyectos hidroeléctricos, nucleares o de hidrocarburos. En cambio, deja apenas cuatro por ciento de esas inversiones para energías renovables, justamente el sector donde el país enfrenta un visible retraso.
“El gran objetivo de China es exportar su tecnología y sus insumos. Y tiene un enorme desarrollo a nivel hidráulico, nuclear y petrolero. Ya no tiene más ríos donde puedan construir represas en su territorio y por eso están tan interesados en las represas sobre el río Santa Cruz”, dijo la directora de investigación de la FARN, María Marta Di Paola.
Efectivamente, China está detrás de un controvertido proyecto para construir dos gigantescas represas en la Patagonia, sobre el río Santa Cruz, que fue establecido durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) y ratificado por el presidente Mauricio Macri, a pesar de fuertes cuestionamientos ambientales. Se trata de una obra de casi 5.000 millones de dólares, que prevé una potencia de 1.310 megavatios (MW).
Sin embargo, para el economista Gustavo Girado no es el gigante asiático el que desecha involucrarse en proyectos de energías renovables, sino que es Argentina el que todavía no ha apostado decididamente por la transición energética hacia fuentes renovables limpias y no convencionales. Se refiere a la iniciativa lanzada por el gobierno argentino con el objetivo de desarrollar las energías renovables y revertir el escenario actual, en el que 87 por ciento de la matriz primaria del país está compuesta por combustibles fósiles.