El domingo 28 de mayo, cuatro días después del cambio de mando, el actual titular de la Cartera de Finanzas en una entrevista con EL COMERCIO, destacaba que “el sector privado será el motor de la economía”. Seis meses después, el sector privado es uno de los más críticos de su gestión y de su equipo.
Esas primeras intenciones de un nuevo Gobierno abrigaron esperanzas de cambio. Se dijo que se dará un gran impulso a la producción para generar empleo, para generar divisas, para fortalecer la dolarización, para atraer inversión extranjera. En el ámbito fiscal se anunció que, inmediatamente luego de asumir las funciones, se iban a buscar mecanismos para lograr el refinanciamiento de los plazos y las tasas de interés de la deuda externa. Sobre todo con China. Esas gestiones aún se desconocen y, por el contrario, en este semestre las obligaciones del país con los acreedores externos aumentaron en más de USD 6 000 millones.
El más reciente escenario de desencuentro entre el sector privado y el Gobierno es el denominado proyecto de Ley Orgánica para Incentivar la Reactivación Económica. Esta propuesta plantea nuevas reformas tributarias, afecta al mercado de valores y busca por todos los medios reducir el uso del efectivo y promover el uso del dinero electrónico como un medio de pago.
Sobre la marcha, el Gobierno aplica reformas a su proyecto económico. Sin embargo, no se advierten cambios profundos que promuevan la reactivación y la generación de empleo. Por todo ello, agentes económicos locales y representantes de gremios productivos se han expresado por un cambio en el Frente Económico. No hay nuevas ideas y se repite la misma fórmula del modelo que llevó al país a una recesión es el principal argumento, para exigir un cambio en la gestión económica.
El tiempo apremia y la economía quiere salir de un estancamiento acumulado en lo que va del año, con el serio riesgo de que la deflación termine por complicar un año, que en el balance general no arroja buenos resultados.