Amado Boudou, exvicepresidente de la Argentina durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, está preso. Las sospechas se sembraron desde hace años y las denuncias periodísticas daban cuenta de las actividades del entonces vicepresidente.
Boudou fue detenido con su mejor amigo y se busca a su presunto testaferro. Ellos habrían tejido una red ilegal para beneficiarse con los ‘trabajos’ de una imprenta llamada Ciccone calcográfica, experta nada menos que en imprimir los billetes de uso común.
Aunque la denuncia periodística trascendió a la opinión pública, el Estado y el poder político se hicieron de oídos sordos. Se siguió contratando con la imprenta. Y no solo eso, sino que se procedió a estatizarla sin que los propietarios hayan protestado.
Para colmo de males, el Poder Legislativo, el Senado concretamente, cuando se votó el pedido de la presidenta Fernández de Kirchner, era presidido nada menos que por el propio Boudou.
El viernes, un juez ordenó la detención de Boudou y sus amigos y presuntos socios. Fue capturado en su casa del lujoso barrio de Puerto Madero en Buenos Aires y trasladado ante el juez. De allí pasó a la prisión de Ezeiza.
El caso Boudou es uno de los que ventila la justicia argentina en los que altos cargos están involucrados y son supuestos responsables. Además, refleja un problema sistémico en la región, donde la corrupción ha hecho presa del alto poder político.