Primero fueron las drogas en los colegios y ahora los abusos sexuales contra los niños. Hace mucho tiempo, las aulas se tornaron en un espacio de terror y las autoridades reaccionan sobre hechos consumados. Convocan a ruedas de prensa para anunciar capturas, usan nombres pomposos para decir que habrá una Cruzada Cero Tolerancia contra el abuso a menores. Dicen que los maestros serán sometidos a pruebas psicométricas.
¿Por qué no hicieron esto antes? Muchos de quienes ahora anuncian las medidas fueron parte del anterior Gobierno y en el 2010 ya se perpetró una agresión sexual contra 41 niños de un colegio del sur de Quito.
Seis años después, en noviembre del 2016, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas dijo estar consternado por lo que sucedía en Ecuador con los menores e instó al Estado para que continuara “adoptando medidas para prevenir y eliminar los casos”.
La alerta estaba allí pero, al parecer, no se tomó en serio. Apenas hace cuatro meses Gian Carlos Drouet, entonces subsecretario
de Educación, aseguraba a EL COMERCIO que los abusos sexuales en las escuelas eran hechos aislados. No, señores. En esos días, otras siete niñas fueron violentadas por su profesores, en una escuela de Cuenca.
Ahora se sabe que entre el 2014 y el 2017 en el sistema educativo se reportaron 561 abusos; y los profesores no son los únicos sospechosos de esos ataques. En la lista de posibles perpetradores también están los trabajadores administrativos, el personal de limpieza, los compañeros de aula, entre otros.
La autoridad tiene que saber que para los niños afectados incluso cambiarse de plantel y reinsertarse allí es difícil. Quienes han sufrido esos hechos lo saben. Han tenido que recurrir a psicólogos privados por el intenso desgaste anímico que esto acarrea.
Y, ¿el Estado qué hace por ellos? Casi nada. En unos casos han recibido atención temporal y en otros, simplemente la ayuda no llegó. Entonces, las soluciones tienen que ser integrales y deben llegar de inmediato.