La tensión por la búsqueda de la independencia por parte de un grupo de la sociedad catalana, llega hoy a un punto crítico.
Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat (gobierno autonómico), piensa levantar acta de independencia por sobre toda norma constitucional.
El antecedente inmediato es el resultado espurio de un referendo separatista donde los votos contados no tuvieron un registro legal, impedido por la autoridad del Gobierno de España. Las mesas no se instalaron parcialmente y la jornada estuvo marcada por la violencia represiva inusitada.
Por la situación anómala, el conteo de votos no tiene valor legal; un porcentaje alto de la sociedad catalana no votó. Este fin de semana en toda España se efectuaron manifestaciones antiseparatistas. Barcelona vio desfilar a miles de ciudadanos contra la secesión.
El Rey Felipe VI se pronunció por la unidad de España que está consagrada en la Constitución. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido actuar con firmeza. Las autoridades catalanas que intenten la proclama serían acusadas de sedición y rebeldía.
Más allá de los anhelos de una parte de la población, la pérdida de la unidad de España perjudicaría a los intereses colectivos, pondría en severos aprietos a la economía española y en Cataluña, varias empresas dejarían de estar domiciliadas allí. Los catalanes podrían quedar fuera de la Unión Europea.Cataluña, con sus signos de identidad, es parte de España, conviene a todos.