Se necesita de una mayoría para que la solicitud pase a la Corte Constitucional. Foto: Archivo
Una reunión, que tenía el carácter de reservada, debía desarrollarse el 17 de julio de 2017 por la noche en la sede de Alianza País (AP), en el norte de Quito.
El tema central iba a ser el análisis del pedido de juicio político presentado por Creo, en contra del vicepresidente Jorge Glas. La invitación se había extendido a los aliados y legisladores de AP.
Pero se suspendió a última hora. Los asambleístas fueron notificados por escrito, en la tarde. “Solo se puso que se deja sin efecto a la convocatoria”, señaló Franklin Samaniego, de Alianza País. “Se iba a revisar información sobre cómo se hace el análisis político dentro del movimiento para tomar la decisión e íbamos a ver como estaba el tema (del pedido de juicio)”.
Alianza País ya no tendrá tiempo para coordinar un nuevo encuentro, antes de que se instale el Consejo de Administración Legislativa (CAL), agregó Samaniego. A partir de las 14:00, de este 18 de julio, está previsto que los siete miembros de ese organismo decidan la calificación o el archivo del proceso. Se reunirán a puerta cerrada en el despacho de la Presidencia.
Se necesita de una mayoría para que la solicitud pase a la Corte Constitucional. De los siete integrantes, cinco son oficialistas. De ellos solo una legisladora ha decidido cómo va a votar. Se trata de Soledad Buendía, legisladora reelecta por Pichincha.
Ayer, 17 de julio, ella aseguró que planteará el archivo del pedido en el CAL, pues lo considera inconstitucional. El argumento es que la causa por la cual se quiere llevar al banquillo al Vicepresidente no consta en la Constitución.
La oposición lo señala por su responsabilidad política en los sectores estratégicos. En concreto por supuestamente haber omitido el control de los recursos en esas áreas.
Y un Vicepresidente -según la ley- solo puede censurarse o destituirse por delitos contra la seguridad del Estado; concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. También, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. “El archivo debería aprobarse por unanimidad”, señaló la legisladora.
Otros dos oficialistas se han pronunciado sobre el tema, pero no a favor o en contra. José Serrano y Carlos Bergmann esperarán a la reunión de esta tarde para tomar una decisión, con base a los documentos del caso y la normativa vigente. “Yo seré respetuoso de la institucionalidad”, comentó el Presidente de la Asamblea el domingo, en Teleamazonas.
“Yo no puedo anticipar ningún concepto. Cualquier pronunciamiento se realizará después de la reunión”, señaló Bergmann vía telefónica, ayer.
En el CAL asimismo están las legisladoras de AP, Viviana Bonilla y Verónica Arias, integrante del movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE). En sus despachos se señaló que no se pronunciarían sobre el juicio a Glas, antes de la reunión. No se explicaron las razones.
En cambio, quienes sostienen la tesis de que Glas tiene que ser enjuiciado son los legisladores de la bancada de Creo, Patricio Donoso, y del socialcristianismo, Luis Fernando Torres.
Apuntan al cohecho, la concusión y el enriquecimiento ilícito, como causales. Según el documento que fue presentado para su análisis en el CAL, él sería responsable de esos delitos por omisión.
En caso de que el proceso vaya a la Corte Constitucional, esa institución tiene seis días para admitir o no el pedido. Si la respuesta es afirmativa, el caso pasaría a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
Comparecencia
Para hoy también está previsto que el vicepresidente Jorge Glas acuda a la Fiscalía, para dar su versión sobre el caso Caminosca. Se indaga la supuesta entrega de coimas a funcionarios públicos.
Según un comunicado de la Vicepresidencia, la declaración se realizará dentro de las investigaciones que Glas solicitó en mayo pasado, a partir de publicaciones de prensa que lo señalaban por presuntos actos de corrupción.
“El Vicepresidente, en reiteradas ocasiones, ha insistido en que vivimos en un Estado de derecho y no de opinión, por lo que le corresponde a la justicia calificar o descalificar las demandas planteadas”.