Fundamedios y la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco presentaron ayer una demanda ante la Corte para que se declare inconstitucional al artículo230 del Código Penal.
Esa norma ordena que cualquier persona que “ofenda, injurie o amenace al Presidente o a la persona que ejerza el poder Ejecutivo, será reprimido desde seis meses hasta con dos años de prisión y con una multa de hasta USD 77”.
En cuatro años, ocho personas han sido detenidas por estos casos, aunque el Gobierno ha dicho que no hay ningún juicio. Ante estos incidentes, Fundamedios pretende frenar y eliminar la penalización de este delito y que se lo mantenga como uno de carácter civil.
Argumenta que se está contraviniendo a los artículos 66 y 76 de la Constitución vigente.
Esas normas disponen que se reconozca y se garantice el derecho de las personas a opinar libremente en todas sus formas y manifestaciones. Y que las infracciones deberán ser sancionadas proporcionalmente.
Para el jurista Farith Simon, las sanciones son desproporcionales y “hasta exageradas” para el delito que se señala en el Código Penal. Pero Simon aclaró que “con esto no se pretende tolerar cualquier abuso contra la autoridad del Presidente”.
También se pedirá la despenalización de los delitos de opinión, que son los que afectan principalmente a periodistas, editorialistas y directores de medios.
El Gobierno ha emprendido juicios contra los directivos del diario El Universo y su editorialista Emilio Palacio; y de los autores del libro ‘El Gran Hermano’ Juan Carlos Calderón y Christian Zurita. Y otros han sido acusados por otras autoridades locales.
Para César Ricaurte, director de Fundamedios, se debería aplicar la ‘Ley de la Real Malicia’ para que baje el número de demandas por estos casos.