Ágiles como linces y lentos como tortugas. Los asambleístas del oficialismo aplican la tarea de la fiscalización con un doble rasero: contundente en el caso del contralor Carlos Pólit y condescendiente con el vicepresidente Jorge Glas.
Ambos funcionarios son cuestionados por su responsabilidad política en el manejo de las tareas a su cargo. Pólit cayó en desgracia, una vez que hace dos semanas la Fiscalía ordenó el allanamiento de su vivienda y es indagado por un supuesto delito de concusión en el control de la central San Francisco, construida por Odebrecht.
Glas ha sido denunciado sistemáticamente por legisladores de la oposición y organismos de la sociedad civil, por cuanto en el sector que estuvo a su cargo, especialmente durante la anterior administración, los casos de corrupción han sido recurrentes. Sobre todo, en Petroecuador y el área energética. Buena parte de las acusaciones cobraron relevancia, una vez que empezaron a aparecer nombres de ecuatorianos que habrían recibido sobornos de Odebrecht.
Uno de ellos es Ricardo Rivera, tío por parte materna de Glas. Él está procesado y actualmente cumple arresto domiciliario por supuestamente percibir de la constructora pagos de comisiones, por gestionar contratos con el gobierno de Correa.
Otro tema sensible que involucra a Glas es el de la empresa Caminosca, que al parecer ideó un sistema de pago de coimas para acceder a contratos. Eso quedó en evidencia en un arbitraje que se ventila en Miami. El caso fue denunciado en la Fiscalía por César Montúfar y la asambleísta Jeannine Cruz: en el documento arbitral se menciona a Glas como uno de los funcionarios que supuestamente habría participado en el esquema de pagos, lo cual ha sido negado por el Vicepresidente.
El juicio político a Pólit avanza vertiginosamente en la Asamblea, aunque las causales y evidencias en su contra son débiles. Un juicio a Glas por ahora es poco probable, con una mayoría oficialista empeñada en protegerlo.