Lo ocurrido en Venezuela, Argentina, Brasil y Ecuador, al menos la última década, refleja la herencia que dejan los regímenes que en nombre del cambio han sumido en una crisis en todos los órdenes, más allá de la obra pública y la atención en lo social, que es una obligación de los gobernantes de turno, más aún cuando han tenido una bonanza petrolera.
Dejan una factura alta por el enorme gasto público, el endeudamiento externo y los procesos de deterioro de las instituciones, la metida de mano en la justicia, el control electoral y los organismos constitucionales llamados a defender los derechos de los ciudadanos y no invertir el papel en favor del Estado.
Los centenares de procesos judiciales y políticos en Argentina y Brasil han llevado a profundas investigaciones de actos de corrupción admitidos formalmente y que han llevado a la cárcel a ex altos funcionarios públicos, pero también a representantes de la empresa privada que aceptaron la entrega de coimas y se ha reflejado en hallazgos de millones USD.
Pese a las evidencias y los cargos imputados tienen la audacia de declararse perseguidos políticos, pretenden transformarse en víctimas y difunden esa imagen internacional.
Venezuela es un ejemplo de lo que ha representado un proceso revolucionario de más de 17 años y que dejará una herencia sin precedentes. Según la percepción global de Transparencia Internacional (TI), hoy está entre los países más corruptos del mundo.
El último de América (puesto 166 de 176 países analizados). Una inflación de más de 500 % el 2016 y, según el FMI, el 2017 con este gobierno llegaría a 1.600 %, la más alta del planeta. Se refleja en el alto costo de la vida y la dramática escasez de productos de primera necesidad.
Los casos de corrupción a gran escala, comprobados y admitidos en el debido proceso y con derecho a la defensa, se han evidenciado con las grandes empresas Odebrecht, Petrobras y el escándalo de los Panama Papers.
En unos países involucrados, Perú, Colombia, Panamá, han actuado con diligencia y celeridad en sus investigaciones judiciales y han llevado a la cárcel a los acusados. En Ecuador (puesto 120 de TI) se esperan los nombres de los presuntos responsables pero demora, seguramente para que no les afecte en estas elecciones.
Las personas, según TI, están cansadas de las promesas vacías de políticos que ofrecen combatir la corrupción y muchos optan por apoyar a populistas que proclaman terminar este mal pero cuando llegan al poder actúan peor y agudizan el problema.
El director de la organización, el jurista peruano Pepe Ugaz, sostiene que en países con líderes populistas y autocráticos se ve a menudo democracias que retroceden y acciones tendientes a reprimir a la sociedad civil, limitar la libertad de prensa y debilitar la independencia del poder judicial. Por lo general engañan e instalan sistemas corruptos mayores.