La semana terminó con el anunció de una nueva emisión de deuda, esta vez por USD 750 millones, con un cupón de 9,65%, a diez años plazo. Se dijo, además, que el mercado externo demandó mucho más del valor colocado, como si eso fuera una señal positiva de alguna cosa o como si aquel dato, por sí solo, revelara algo bueno sobre el país.
Las autoridades todavía no han dicho cuál es el perfil de pagos de esta nueva deuda: ¿pagos semestrales de interés y anuales de capital? ¿cuotas trimestrales fijas? Supongo que lo harán más tarde. Ahora es más importante saber qué precio se pagó por esos nuevos papeles. Bonos anteriormente emitidos por el Ecuador salieron con un cupón de 10,5% y 10,75%, a pesar de que tenían plazos de apenas 5 y 6 años, respectivamente.
Sería sorprendente que un inversionista aceptara una tasa menor al 10,5% por un papel que tiene el doble de plazo y que haya sido emitido por el mismo deudor. Es probable, por tanto, que las instituciones que compraron estos nuevos bonos ecuatorianos lo hayan hecho con descuento. Si ese fuera el caso, el costo efectivo de aquella deuda sería mucho mayor al valor nominal del cupón.
También hace falta información sobre los compradores de estos nuevos bonos. Porque yo me pregunto ¿qué tipo de institución está dispuesta a financiar a un país que se ha endeudado en más de USD 11 000 millones –sólo en este año– porque no tiene plata ni para pagar a sus proveedores?
Típicamente, los fondos de pensión que invierten en el mercado internacional compran bonos de países que tienen grado de inversión o acciones de empresas triple A. Lejos de tener grado de inversión (“investment grade”, en inglés), el riesgo de la deuda ecuatoriana se parece más al de los denominados “bonos basura” pues a noviembre pasado, el Riesgo País contabilizado por el Banco Central fue de 735 puntos básicos.
Es curioso, por decir lo menos, que todas estas personas que aborrecieron de la deuda externa y la calificaron de “inmoral” sean ahora responsables del proceso más agresivo de endeudamiento de la historia del país.
¿Qué dirían ellos sí alguien exigiera una auditoría de todos los pasivos contraídos por el Ecuador durante la última década y pidieran sanciones para los responsables de dicho endeudamiento? ¿Cómo reaccionarían si se quisiera declarar ilegítima a una porción de esa deuda contratada a como dé lugar?
Mientras estas cuestiones se dilucidan, lo único cierto es que el desangre financiero del Ecuador apenas empieza pues miles de millones de dólares deberán ser destinados en los siguientes años a pagar aquellas deudas contraídas, aplazando necesidades de educación, salud y seguridad. ¿Vendrán esas mismas personas a denunciar nuevamente los efectos perversos de una “larga noche neoliberal”?