Lo único que develaron los ataques armados en puerto El Carmen (Sucumbíos) y la presunta aparición de una “guerrilla ecuatoriana” es que los pueblos fronterizos con Colombia aún tienen necesidades. Sí. Eso lo reconoció el Consejo de Seguridad, que la semana pasada analizó este tema. En ese organismo no solo estaban vecinos o comerciantes alarmados, sino quienes toman decisiones: el Gobernador de Sucumbíos, la Alcaldesa de Putumayo, policías, militares, autoridades de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura.
Precisamente, ellos acordaron gestionar una mejor logística (vehículos, Internet, computadoras, impresoras, etc.) para las UPC de puerto El Carmen y tres zonas más.
Además, se anunció que este sector tendrá personal para Migración, que controlará a la gente que llega a través de los ríos.
No se dijo cuándo entrará a operar, solo se mencionó que será en “poco tiempo”. Pero la puesta en marcha de esta medida es urgente, porque los pobladores están atemorizados por los hombres corpulentos y con corte militar que arriban de civil desde Colombia. Todos saben que son guerrilleros de las FARC, pero poco pueden hacer.
Las cosas se complican, pues Inteligencia no descarta que disidentes de ese grupo subversivo estén armando mafias peligrosas en Ecuador o que las bandas locales estén recurriendo a ellos para que los preparen en la selva o les suministren armamento.
Por eso, apremia concretar cuanto antes otros pedidos acordados en el Consejo de Seguridad, como instalar en el Putumayo oficinas judiciales y de la Fiscalía o aumentar las cámaras de seguridad del ECU-911.
Por lo pronto, el Municipio de Putumayo apoyará con instalaciones, equipo informático o pago de servicios básicos de las nuevas oficinas. ¿Y la política estatal? ¿Y los anuncios de inversión en seguridad y justicia? Nadie ha respondido. Lo cierto es que la gente pide frenar la violencia y más presencia militar. Sin embargo, ellos también llegan a esta coyuntura entre enormes roces con el poder.