Ya lo hizo en la Sesión Solemne del Municipio de Quito el pasado 6 de diciembre por los 481 años de Fundación de la ciudad. Ahora, el anuncio se repite en el último Informe a la Nación del 24 de mayo: insistir en el envío del proyecto de Ley de Herencias a la Asamblea.
Si bien aún no se conocen los detalles de esta propuesta, la experiencia de la iniciativa -que se retiró el año pasado- ocasionó malestar en pymes y emprendedores, sobre todo porque en este músculo empresarial, el soporte familiar es fundamental. Los negocios son parte de las herencias que se dejan a las futuras generaciones, a los hijos, sobre todo.
Aunque en un momento se dijo que el objetivo es acabar con la estructura familiar de las empresas, en el Ecuador, un 80% de las empresas son familiares. Es decir, son empresarios que creen en el país y sus emprendimientos se han mantenido con el paso de las generaciones y son quienes mantienen con vida a los negocios.
Lo lamentable con este reiterado anuncio oficial sería que las empresas en el país frenaran nuevamente sus planes de desarrollo (como ya lo hicieron el año pasado ante el envío del proyecto) o aquellas que quisieran llegar al mercado no lo hagan, porque el tema normativo definitivamente es un asunto que no ha logrado estabilizarse en los últimos nueve años.
Bajo el paraguas ideológico de democratizar la riqueza, los primeros esbozos que se mencionan sobre el contenido de este proyecto de ley señalan que se fijará una tabla exenta de pago de 480 salarios básicos (USD 175 000, en promedio).
¿Cómo se calculó esa cifra? ¿Cuál es el referente para ubicar en ese monto a quienes estarían exentos del pago?
Si esta vez se cumple el anuncio de enviar el proyecto, este texto se podría tramitar en el transcurso del segundo semestre del 2016. Algo similar sucedió el año pasado: se envió el proyecto en junio, pero se lo retiró por la presión pública.
Sin embargo, en el balance de la producción de las pymes, esta cayó entre el 20% y el 40%. La diferencia es que ahora el año se muestra mucho más crítico.