La última etapa de la renegociación de los contratos petroleros se cierra este fin de semana. La Reforma a la Ley de Hidrocarburos, vigente desde julio del 2010, determinó dos plazos en el proceso.
El primero se cumplió el 24 de noviembre pasado con la firma de los nuevos contratos de prestación de servicios con Agip, Repsol, Petroriental, Andes y Enap, y la salida del país de Petrobras, Canadá Grande, EDC y CNPC.Para la segunda etapa, el plazo vence el domingo próximo. En esta etapa las compañías Tecpecuador, Petrosud, Bellwether, Petrobell, Suelopetrol, Ismocol y el Consorcio Gran Colombia también deben negociar el cambio del modelo contractual para la operación de 12 campos marginales que tienen a su cargo.
Estos campos producen actualmente un promedio cercano a los 20 000 barriles diarios, que equivale a un 4% del total nacional.
El concepto de campo marginal surgió en la década de los noventa, cuando el Estado comenzó a licitar campos que generaban menos del 1% de la producción nacional, que para la época bordeaba los 500 000 barriles, recuerda el ex sindicalista de Petroecuador, Fernando Villavicencio.
Al igual que en el caso de las compañías más grandes, la negociación se lleva en condiciones de confidencialidad.
Sin embargo, fuentes de las compañías privadas, que pidieron la reserva, indicaron a este Diario que durante esta semana la negociación se ha concentrado en el tema de la tarifa de servicio.
Según las fuentes, el Gobierno ofrece una tarifa en el rango de USD 22 y 25 por barril, mientras que las compañías aspiran a valores superiores a los USD 30.
Previamente, la negociación se concentró en aspectos jurídicos que no han presentado mayores problemas. Uno de ellos fue la renuncia de las compañías a llevar cualquier controversia a un arbitraje internacional (Ciadi).
En su lugar, aceptaron la jurisdicción arbitral de la Corte de La Haya con sede en Santiago de Chile.
Las compañías también acordaron sus planes de inversiones y se encuentran discutiendo las reservas de cada campo para la definición de la tarifa.
Esta última se determina además por los planes de nuevas exploraciones y beneficios adicionales para el Estado, que mejorarían a los existentes bajo el contrato anterior.
Los campos marginales son operados bajo un esquema contractual específico. En este, el Estado proyecta una producción base de los pozos a lo largo del tiempo y paga a la compañía una tarifa por mantener estos niveles.
El negocio para las empresas es extraer más crudo porque esa producción incremental se repartía con el Estado.
Los contratos vigentes tienen rangos de participación estatal que van del 50% al 90% de la producción incremental.
Es decir, de 100 barriles adicionales producidos por la compañía, en promedio 70 van al Estado y 30 se entregan a la compañía.
De acuerdo con la Asociación Ecuatoriana de la Pequeña Industria Hidrocarburífera (gremio compuesto por tres operadoras de campos marginales) ello ha generado para el Estado una rentabilidad del 80% del negocio.
Sin embargo, ha representado en los últimos años utilidades hasta 15 veces superiores a las inversiones realizadas por las compañías, según el ministro Wilson Pástor, por lo que era legítima la negociación de contratos.
Fuentes cercanas al Gobierno, indicaron que hasta mañana el Comité de Licitaciones de la Secretaría de Hidrocarburos deberá tener el resultado de la negociación para aprobar la firma de los nuevos contratos o revertir los campos al Estado.