En estos días la Asamblea Nacional discute, con la elección de nuevos dignatarios como telón de fondo, la designación de su representante para la comisión tripartita que reformará el sistema judicial en un plazo máximo de 18 meses. Si se confirma la elección de Tania Arias, quien no ha ocultado su militancia, quedará más clara la tendencia oficialista de la comisión.
La otra pata de la mesa será la Fiscalía, cuyo nuevo titular, también próximo al Gobierno, habló de un plan para crear un consejo especializado en seguridad y en política criminal, y de unidades de investigación para trata de personas, sicariato y otros delitos. Y por si faltaran organismos para hacerse cargo de la reforma, hay que contar también con el Ministerio de Justicia, que se siente copartícipe.
En la práctica no habrá contrapesos. Nada indica que la veeduría ciudadana planteada por el Presidente de la República no corra el mismo destino de otras comisiones ciudadanas cuyo supuesto fin era auditar. No resulta extraño, cuando la propia Función de Transparencia y Control Social sucumbió a las presiones.
En tales condiciones, el Gobierno toma toda la responsabilidad sobre la justicia, lo cual es malo porque puede consumar una mayor concentración que la vivida en los últimos años. Si la anterior reforma impulsada por el Ejecutivo dio como resultado jueces maleables, por provisionales y dependientes, solo hay que imaginar qué pasaría con juicios como los planteados por el Presidente contra los medios privados bajo un sistema judicial “reformado” bajo una inevitable visión política.