Este no es el argumento o el bosquejo de un teleserial con altas dosis de sangre, del tipo de ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’. Es, en realidad, un caso singular de la ‘realpolitik’ en uno de los países más bellos y ricos de la región, pero que carga con el lastre de un largo conflicto armado y de una clase política indolente y que, en la mayoría de los casos, solo defiende sus intereses y que ha instituido beneficios para los corruptos. Uno de ellos: el arresto domiciliario. Aunque, claro, hay excepciones.
En la foto, el expresidente de Colombia Alvaro Uribe en una entrevista con El Mercurio de Chile. Foto: El Mercurio de Chile / GDA
El protagonista principal es quien fuera el político más poderoso de Colombia hasta agosto del 2010. Una personalidad que en la actualidad es empujada cada vez más hacia el umbral del campo minado que constituyen los tribunales de justicia.
Los aprietos judiciales para Álvaro Uribe Vélez, inquilino de la presidencial Casa de Nariño entre el 2002 y el 2010, y su círculo de excolaboradores y hombres de confianza se ahondan.
Una evidencia de ello se escenificó el miércoles 15 de abril, cuando la Corte Suprema de Justicia colombiana condenó a seis años y seis meses de prisión a dos alfiles del antecesor de Juan Manuel Santos.
Los sentenciados son los exministros Sabas Pretelt (Interior), un fiel escudero de Uribe, y Diego Palacios (Protección Social). ¿Por qué la condena? Por el delito de cohecho para que la ahora excongresista Yidis Medina apoyara la reforma constitucional que condujo a la reelección (a todas luces irregular) del Mandatario en 2006. El tercer condenado por el llamado escándalo de la ‘Yidispolítica’ es Alberto Velásquez, exsecretario de la Presidencia. Recibió una pena de 60 meses de cárcel.
En un tono cuestionador y desafiante, Medina ha dicho a Caracol Radio que por este bullado caso “falta por condenar al expresidente Uribe y que espera que Pretelt y Palacio cumplan la condena y no se vayan del país”.
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El veredicto de la Corte, por otra parte, avala gran parte del contenido del libro escrito en el 2010 por el periodista colombiano Alejandro Villegas bajo el título ‘Yidis Medina: confieso. De rodillas en el baño presidencial’. En ese volumen, la exparlamentaria hace fuertes revelaciones que son aderezadas con anécdotas incluso picantes y chocantes. Así refiere que la compra de su voto (y de su conciencia) se concretó en el baño presidencial de la Casa de Nariño. La reseña del revelador libro, de la autoría de este servidor, se puede ver en este ‘link’.
Pero la sentencia a Pretelt, Palacios y Velásquez no es el único revés judicial que ha encajado el uribismo en las últimas semanas. La Corte Suprema condenó este jueves 30 de abril a María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS (la agencia de espionaje que ya fue eliminada por el actual Gobierno) a 14 años de prisión.
El fallo condenatorio fue el resultado de la probada participación y responsabilidad en los seguimientos e interceptaciones ilegales adelantadas por efectivos del DAS a jueces, periodistas y opositores al Ejecutivo de Uribe Vélez. Ese caso en Colombia fue bautizado como ‘las chuzadas’. Antes de ser juzgada y condenada, Hurtado había sido deportada de Panamá donde se había refugiado por recomendación del propio Uribe y con la anuencia del exmandatario panameño Ricardo Martinelli.
Por el mismo caso de las ‘chuzadas, Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia, fue condenado a ocho años de prisión domiciliaria.
Otro de los hombres de confianza de Uribe que fue devorado por el monstruo de los excesos del DAS fue Jorge Noguera, director de la institución entre el 2002 y el 2006. La Corte Suprema de Justicia lo condenó a 25 años de cárcel “por los delitos de concierto para delinquir agravado, la destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, etc.”. Noguera también fue acusado de haber puesto el DAS al servicio de los paramilitares autores de un sinnúmero de matanzas en regiones colombianas.
La ‘Yidispolítica’, ‘las chuzadas’ y Noguera son tres en la extensa lista de escándalos que estallaron durante la doble administración del político que es el protagonista del libro ‘El señor de las sombras’, de la autoría de los periodistas Joseph Contreras y Fernando Garabito. El tomo -que es la biografía no autorizada de Uribe- debe entenderse como un recuento de las presuntas actividades non sanctas del hombre público que cargó con la cruz de estar consignado con el número 82 en la lista de presuntos narcotraficantes elaborada por EE.UU. Aunque después su nombre desapareció de esa nómina.
Aparte de los episodios arriba mencionados, alrededor de Uribe se han tejidos más denuncias de supuestos excesos, actos de corrupción y probables nexos con los escuadrones paramilitares. La que más ronchas ha levantado es la de las ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes que luego aparecían como supuestos colaboradores de los grupos armados ilegales, y que eran vestidas de camuflaje y portaban armas de guerra, según ha reseñado el portal colombiano La Silla Vacía. Es más: los militares causantes de estas muertes recibían incentivos. Este reguero de víctimas fue bautizado con el grotesco nombre de ‘falsos positivos’.
Las cifras de los inocentes asesinados que han divulgado organismos independientes impactan. Así, la revista colombiana Semana reveló que “el Centro de Investigación para la Educación Popular registró entre 1990 y 2009 un total de 1 613 de ejecuciones extrajudiciales. El panorama puede ser peor, pues solo entre el 2004 y el 2008 hubo 3 000 víctimas de esa violencia, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU”.
En todo caso, sigue abierto el voluminoso expediente de los escándalos del uribismo, que se ha convertido en una suerte de cofradía de reos de la Justicia y/o prófugos de ella.
En forma paralela, una denuncia contra el actual senador por el Centro Democrático ha sido presentada ante la fiscal de la Corte Penal Internacional, organismo con sede en Roma, por el diputado Iván Cepeda. En un primer pronunciamiento, el tribunal internacional había dejado entrever que en el caso de los ‘falsos positivos’ “existen bases razonables para creer que se trató de una política de Estado; estos asesinatos podrían considerarse crímenes de lesa humanidad…”.
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En todo caso, a pesar de los cuestionamientos y denuncias en su contra, Uribe demuestra que es uno de los actores políticos que se escuda bien en el ‘efecto teflón’. ¿Por qué? Exhibe un apoyo consistente y “es uno de los grandes fenómenos de la política colombiana”, según ha destacado el laureado escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez en una columna que publicó el diario español El País.
En síntesis, Uribe no admite términos medios. Para sus simpatizantes, es el Mandatario que debilitó al máximo a los grupos irregulares con su política de seguridad ciudadana. Para sus detractores, en cambio, debería responder por sus actos ante los tribunales. El propio Juan Gabriel Vásquez, ganador del Premio Alfaguara 2011 y autor de, entre otros libros, de ‘El ruido de las cosas al caer’, ‘Los informantes’ y ‘Las reputaciones’, no se ha ahorrado críticas y ha calificado el doble mandato del uribismo como “el más corrupto de la historia reciente” de Colombia.
¿Alguna vez Uribe se sentará en el banquillo de los acusados? ¿Pedirá perdón a los afectados por sus acciones? ¿Finalmente, presentará la declaración de sus bienes, como ofreció hacerlo? Estas son las preguntas que siguen en pie en Colombia y fuera de ella.