Entre el 12 y el 15 de junio tendrá lugar en Madrid el V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que reunirá a una selección internacional de expertos, premios Nobel de la Paz y representantes de instituciones internacionales y no gubernamentales .
Asistirán varios miles de personas, entre las que se incluyen testigos, excondenados y familiares de sentenciados a la pena capital procedentes de unos 90 países.
El pasado diciembre, una mayoría de países votaron a favor de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que promueve la suspensión de la pena de muerte.
Esta fue la cuarta votación en la ONU desde 2007, y cada vez ha aumentado el número de naciones que apoyan la moratoria.
Esta poderosa señal política y diplomática está acompañada de hechos positivos. Cada vez es mayor el número de países que consideran que la pena capital es indebida y errónea, tanto humana como jurídicamente. Según la ONU, unos 150 países han abolido hasta ahora la pena de muerte en su legislación o en la práctica, lo cual constituye un gran avance, ya que en los años setenta solo 16 lo habían hecho.
El rechazo a las ejecuciones por el Estado en todas las regiones, culturas y religiones ha cobrado fuerza al haberse puesto en evidencia que esta horrenda práctica es cruel, irrevocable y una violación del derecho a la vida. Y que no tiene efecto disuasorio en el grado de criminalidad. Al contrario, incita a la violencia.
Amnistía Internacional indica que en Iraq se ejecutaron 129 personas el año pasado y que Irán se sitúa en segundo lugar después de China en el número de ejecuciones, mientras que Yemen continúa horrorizando a la opinión pública al ejecutar a personas que supuestamente cometieron crímenes cuando eran menores.
Arabia Saudita, donde la decapitación mediante espada es el método más normal de ejecución, continúa aplicando la pena capital a personas acusadas de crímenes sin homicidio como adulterio, robo, tráfico de drogas y hechicería.
Argelia, Jordania, Kuwait, Líbano y Marruecos impusieron condenas a muerte en 2012, aunque siguieron negándose a llevar a cabo ejecuciones. Es de desear que pronto Egipto comunique con mayor transparencia las prácticas en este campo.
Bielorrusia sigue siendo de manera obstinada el único país que ejecuta a personas en Europa, donde la pena capital se excluye en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “Derecho a la vida. 1. Toda persona tiene derecho a la vida. 2. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado”.
En EE.UU. se sigue reduciendo el número de estados que practican la pena de muerte, habiéndose añadido Maryland.
América Latina -otra lección que da el Sur en poco tiempo- está exenta en su integridad. También enviará un mensaje nítido al mundo: objetivo posible .