En un año la Asamblea Nacional pondrá nuevamente en escena el tinglado para hacer creer a los ecuatorianos que “aprueba” las enmiendas constitucionales. Y ese tinglado, que incluyó día y medio de una sesión de pleno para el primer debate, y que el próximo año ejercitará un intenso turismo constitucional, con cuantiosos viáticos de por medio, para que los asambleístas del oficialismo ensayen y repitan sus discursos power point en los confines de la patria, carece de misterio porque todos sabemos cuál será el desenlace final, a saber, la aplicación exacta de las órdenes recibidas de Carondelet.
Entonces, uno se pregunta para qué la tramoya, para qué tanto teatro, si el país entero conoce lo que aprobarán, como se sabía el sentido del dictamen de la Corte Constitucional y nadie puede perderse respecto a todas las trabas que la autoridad electoral ha puesto y pondrá para evitar a toda costa la consulta popular. Estamos frente a un gran simulacro para encubrir el fin de la democracia ecuatoriana.
La institucionalidad del país ha llegado a un grado de cinismo mayúsculo. Los responsables de las funciones del Estado, que supuestamente gozan de independencia y autonomía, saben que su permanencia en el cargo que ocupan depende de congraciarse con el poder, que ya no es de sus mandantes, sino que emana de quien tiene atenazadas las riendas del Estado y que, además, hoy busca la reelección indefinida. La utopía de una revolución desde abajo, de una revolución ciudadana, que debía expulsar del Estado a las rancias oligarquías que nos habían gobernado, ha quedado sepultada en el despliegue implacable de una maquinaria que no tiene otro objetivo que alimentar esa gula de poder. Poder que se ha consolidado a expensas de sus verdaderos propietarios: el soberano que creyó en una refundación de la política y hoy es testigo de cómo se le quiere tapar la boca; el soberano que autorizó una Asamblea Constituyente y que luego aprobó la Constitución pero que ahora se le niega el derecho a expresar su opinión cuando precisamente ese texto constitucional va a ser profundamente cambiado.
¿Qué deben hacer los ciudadanos cuando todos los caminos institucionales de la democracia se cierran; cuando el poder se confabula para repartirse retazos del Estado y de los recursos que maneja?
¿Qué deben hacer los ciudadanos cuando la democracia se transforma en un simulacro y sus agentes se convierten en actores de una trama que ha olvidado a sus mandantes?
¿Es el derecho a la resistencia el camino? ¿Es la desobediencia civil la vía? ¿Es una inocente e ilusa insistencia en la institucionalidad, a sabiendas de que esta se desprendió de lo constitucional y lo legal para dedicarse a cumplir consignas políticas? ¿Cuál es el camino de la democracia cuando sus propias instituciones la trivializan y la transforman en una tramoya de apariencias, en un teatro?
Estas preguntas serán cada vez más frecuentes entre los ecuatorianos. Ojalá encontremos pronto las respuestas.
@cmontufarm