La denuncia presentada por Ecuador contra Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla en el bombardeo de Angostura y la inacción judicial colombiana posterior, es una acción novedosa, parte de una estrategia política mayor.
Las denuncias interestatales se encuentran previstas en el instrumento hace casi 40 años, pero nunca se habían usado. La razón obvia son las fuertes implicaciones que una demanda así tendría para las relaciones entre los Estados, aspecto poco relevante en la actual situación de las relaciones colombo-ecuatorianas.
Existe otra razón: la dificultad para cumplir los requisitos de admisibilidad para que un caso sea juzgado por el sistema internacional. El más difícil es el agotamiento de recursos internos o demostrar sus excepciones, sea por retardo injustificado de la causa, inexistencia o ineficacia de recursos, dificultades de acceso, entre otros.
No conozco el texto de la petición presentada por Ecuador, por ello no tengo los argumentos suficientes para dar mi opinión, pero es claro que la sola presentación es un implícito y significativo reconocimiento del papel e importancia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al menos en papeles. En la práctica, esto implica un distanciamiento con la posición de Hugo Chávez, quien ha descalificado estas instancias, acusándolas de no ser imparciales por los fallos que han emitido en su contra por amenazas o violaciones a los derechos humanos, atribuidas a su Régimen.
El Sistema Interamericano tiene algunas dificultades. Los casos están acumulándose año a año. Hay que esperar mucho tiempo para que una petición sea considerada admisible, más tiempo aún para que llegue una decisión, es decir se declare, o no, la violación a un derecho.
Estableciéndose la violación es posible que la Comisión decida no presentar el caso a la Corte. En resumen: un caso puede tardar muchos años en ser resuelto.
Con el fallo, declarando responsable a un Estado, el siguiente problema es lograr la eficacia de la sentencia más allá de lo económico.
A manera de ejemplo, se pueden revisar algunas de las sentencias dictadas contra Ecuador y su cumplimiento parcial pese al tiempo transcurrido. Al margen de esto, el Sistema Interamericano de DD.HH. es la última esperanza que tienen las personas para que se reconozcan sus derechos. Nuestro Gobierno debe tenerlo presente, ya que al leer con atención la jurisprudencia sobre algunos derechos, por ejemplo la libertad de expresión, algunas prácticas actuales podrían ser declaradas violatorias a las obligaciones del Ecuador en la materia.
Columnista invitado