Redacción Política
politica@elcomercio.com
Tres asambleístas alternos fueron decisivos para el futuro de la nueva Ley de Comunicación. José Iza, Diego Falconí y Maruja Jaramillo aportaron con su presencia y con sus votos para encaminar la ley como tenía planificado Alianza País, el grupo de mayoría.
Ellos reemplazaron a Betty Carrillo, María Augusta Calle y Humberto Alvarado, respectivamente, quienes se ausentaron por problemas de salud y personales.
Estaba previsto que Alvarado (padre de los secretarios de Gobierno Vinicio y Fernando) sea operado ayer. Su alterna dijo que su recuperación tomará por lo menos una semana y que ella estará en las sesiones.
De los tres alternos, solo Falconí participa activamente en el debate de los artículos. Mientras que Iza y Jaramillo se limitaban a seguir con disciplina marcial las disposiciones de A. País. Pero su presencia fue importante para frenar o impulsar el debate.
Los tres respaldaron la modificación del principio de responsabilidad ulterior que sirvió para avalar las sanciones administrativas para los periodistas. También dieron quórum para la reunión nocturna donde se reguló el ejercicio periodístico. Además, los tres suplentes apoyaron la suspensión de la discusión sobre la autorregulación y la difusión de los contenidos de los medios. Fuera de micrófonos dijeron que esperaban la presencia de Rolando Panchana, quien no estuvo ayer, para tratar esos temas.
Ayer, era evidente que no había un acuerdo unánime para tratar esos casos, que Alianza País perdía la fuerza y que la oposición lograba imponer algunos cambios.
Por eso, los comisionados decidieron que los temas delicados no sean tratados. En cambio, sí hubo acuerdo para regular la clasificación de las audiencias; las franjas horarias, los contenidos de programación y de la clasificación de ellos. Estas resoluciones tuvieron el apoyo de César Montúfar, Fausto Cobo, Lourdes Tibán y Fabián Valdiviezo (alterno de Cynthia Viteri), quienes son parte de la oposición.
El más importante fue el cambio de horario para la franja de TV destinada para personas mayores de 18 años. Antes, ese espacio se iniciaba a las 21:00 e iba hasta las 06:00. Ahora, la comisión decidió que empieza desde las 22:00.
Para Carlos Jijón, director de noticias de Teleamazonas, el cambio no perjudicará en el horario del noticiero estelar. “Para mí, el retraso de una hora no nos afectará”, explicó el comunicador.
Sin embargo, esa disminución de una hora en la franja para adultos pudiera afectar a la publicidad. Richard Stoell, de la agencia Rivas Herrera, explica que este momento es muy difícil colocar publicidad para un público adulto porque está comprobado que ese sector mira la televisión desde las 21:00 hasta las 23:00.
Es decir, tendrá solo una hora para colocar sus comerciales. “A ojos de buen cubero, puedo decir que si se aprueba ese cambio tendremos un 50% de pérdidas”.
Los artículos que regularán el trabajo de los periodistas y los horarios de la televisión
La comisión avanza lento en la redacción del cuerpo legal que debe presentar al Pleno de la Asamblea. Su trabajo terminará el domingo de la siguiente semana.
Sobre la TV
La clasificación de la audiencia, según se propone, se dividirá en tres grupos. Una familiar, donde están todos sus miembros sin importar su edad; otra de responsabilidad compartida, en la cual los padres deberán realizar un “control” del acceso a la programación. La última será para público adulto.
Las franjas horarias fueron divididas en dos grandes grupos. El primero que empieza desde las 06:00 hasta las 22:00 y en el cual habrá tres categorías para emitir programas. Estas son desde las 06:00 hasta las 15:00; desde las 15:00 a las 18:00 y desde las 18:00 hasta las 22:00. Luego de esa hora empezará una franja solo para adultos.
Los contenidos de la programación tendrán que identificarse claramente. Con la letra I los informativos; con la O los de opinión; con la F de tipo cultural, formativo y educativo; E entretenimiento y P los que tengan un carácter publicitario.
Regulación a la prensa
La responsabilidad ulteriores el principio que respalda la difusión de información veraz y verificada. En esta ley se crearán nuevas normas para sancionar a los periodistas y medios que incumplan con esos procedimientos.
La cláusula de conciencia es un derecho de los periodistas, quienes se podrán negar a emitir información que atente contra su ética o la Ley, ordenada por el medio de comunicación.
El ejercicio profesional establece parámetros de calidad y responsabilidad en el manejo de la información. Además, las direcciones editoriales y la elaboración de las noticias deberán estar a cargo solo de periodistas titulados. Es decir, no de profesionales en otras áreas. Esto es obligatorio para los medios de comunicación privados, públicos y comunitarios. A quien no tenga título se le dará un plazo de seis años para conseguirlo.
Derechos laborales. Este punto estipula que los periodistas deberán recibir remuneraciones justas y seguridad social.
El desarrollo profesional de los comunicadores deberá ser propiciado por el Estado y por las empresas privadas de comunicación. Establece que se entreguen facilidades en horario y en recursos económicos para que los periodistas puedan profesionalizarse.
Las garantías para los periodistas son cinco y se respaldan en la Constitución, tratados internacionales y en la Ley. Estas son la libertad de expresión y de pensamiento; la libertad de asociación, la cláusula de conciencia; la reserva de fuentes; el secreto profesional y su desarrollo profesional.
El derecho de participación en los medios está contemplado como una oportunidad para que los periodistas sean parte activa de los consejos de redacción. Estos serán entendidos como espacio de interacción entre los comunicadores y los responsables de la orientación editorial. Los consejos estarán sujetos a esta ley y a normas internas de cada medio.
Las responsabilidades del periodista son entendidas como la obligación de entregar información verificada, verosímil y que presente una diversidad cultural y social del país. Además, se prevé que los comunicadores puedan ser enjuiciados si reciben favores o prebendas por la información que divulguen.