¿Se debe plantear una Ley de Comunicación desde el Gobierno?
Claro que no. Para que sea verdaderamente democrática, una ley tiene que salir de los ciudadanos, no del poder político.
¿En Perú lo hicieron así?
Efectivamente, porque si una ley sale de quienes manejan el Estado, es obvio que la propuesta será a su favor.
¿Qué ley resultó?
Una Ley de Radio y Televisión sin matices represivos ni censuradores. Simplemente, de racionalización del uso de los espacios en lo plural para que la comunicación realmente sea un derecho ciudadano.
¿De dónde surgió la iniciativa o la necesidad de hacer una ley?
De la trágica experiencia que vivimos con Alberto Fujimori, cuyo gobierno de 10 años intentó controlar todos los medios de comunicación. A unos, mediante la compra de conciencias, como se vio en los ‘vladivideos’, y a otros simplemente financiándolos a cambio de que se alinearan con el Gobierno.
¿Qué hicieron, entonces?
Pasado el ‘shock’ político y social que significó el paso del autoritarismo fujimorista, en 2004 varios grupos de la sociedad civil decidimos trabajar por una ley que impidiera al poder político controlar los medios pero que también promoviera la posibilidad de que todos los ciudadanos pudieran contar con medios que los representaran.
¿Cómo fue el proceso?
Luego de la tremenda decepción colectiva que representó el populismo de Fujimori, entendimos que había que democratizar el debate para que lo que saliera de las deliberaciones fuera realmente democrático. Lo primero que hicimos fue armar discusiones en distintas partes del país sobre la base del trabajo más primario: conocer qué es lo que realmente piensan los ciudadanos acerca de los contenidos de los medios.
Pero, ¿cómo seleccionaron los grupos ciudadanos?
Nos acercamos a organizaciones sociales, no solo de Lima sino de todo el país, con la única condición de que no tuvieran vinculación directa con partidos políticos o con el Gobierno de turno. Por ejemplo, gente de derechos humanos, de defensa legal de ciudadanos desprotegidos, de trabajo educativo básico, de bases cristianas, de federaciones deportivas, de comunicación popular, etc.
¿Y en lo ideológico?
No discriminamos a ningún sector de la sociedad, ya que invitamos también a líderes de opinión que claramente representaban a la izquierda, a la derecha y al centro. Uno de cada lado, pero no con decisión particular ni voz influyente.
¿El resultado fue realmente democrático? ¿Quedaron todos satisfechos?
En parte, porque todo es perfectible. Pero, claro, tener una Ley de Radio y Televisión es un paso importante para democratizar la comunicación social y generar democracia en Perú y para evitar que el Gobierno de turno se apropie y monopolice la información.
¿Conoce alguna experiencia en Europa donde se logró realmente una ley desde la comunidad, desde la sociedad?
Conozco la experiencia en Inglaterra. Ahí, aunque parezca contradictorio lo que voy a decir, quien propuso la necesidad de una ley fue el Gobierno, pero con un profundo respeto a las voces y a las ideas de la sociedad.
Con tolerancia y capacidad de mirar más allá de su propio interés… Claro, tanto fue así que la construcción de la normativa para la comunicación social fue un proceso democrático que duró muchos años, porque fue producto de un intenso y fecundo debate donde intervinieron e hicieron propuestas los sectores más diversos de esa sociedad.
Eso quiere decir que no se trata de que un Régimen no deba presentar una iniciativa legal, sino la manera en que se la presenta’ Podría haber un Gobierno tan bueno, tan plural, que lance una propuesta y que arme una discusión global en todo el país. Pero, para eso, se necesita un Régimen verdaderamente democrático y pluralista.
En el caso del Perú, ¿cuál fue la reacción del Gobierno y del poder político cuando ya se logró concretar aquella ley impulsada por la sociedad civil?
Lo que ocurre siempre: el poder no entiende que una democracia necesita un contrapeso y, por tanto, le cuesta mucho entender que la comunicación es de doble vía. Y mucho peor si quien maneja el Gobierno no sabe escuchar’ Lo que hace falta en América Latina son regímenes con el suficiente valor ético para saber escuchar las posiciones pluralistas. Esa es la tragedia de la política regional: los gobernantes son regios y jamás se equivocan. Basta citar el caso del presidente Alan García: impresionantemente soberbio. ¡Es la soberbia del poder!