Diario EL COMERCIO puso en escena una terrible realidad: criminales que cometían asesinatos amparados en su condición de agentes policiales en la provincia de Los Ríos.
Si bien es cierto que no se puede decir que este cáncer sea generalizado, al constatar la comisión de delitos según los datos de los partes policiales, se dispara una alarma que merece una contundente respuesta oficial.
La lucha contra el crimen organizado, la cada vez mayor presencia de bandas de narcotraficantes y los vínculos comprobados con antisociales e insurgentes, con guerrilleros y paramilitares de grupos irregulares del país del norte, tornan urgente una política de Estado seria y sostenida para asumir el problema y buscar soluciones.
Son las propias estadísticas oficiales las que evidencian que entre enero y diciembre del 2009 se presentaron 1 662 asesinatos. Guayas fue la provincia que registra mayor número de crímenes violentos (212) en el primer trimestre del 2010. El porcentaje mayor de asesinatos, según la Policía, se debe a ajustes de cuentas (64%), robo y asalto (17%) y sicariato(11%).
El sicariato policial se registró en Los Ríos. Una alarma policial ponía sobre aviso a los centros de salud sobre una eventual llegada de un herido de bala, tras un tiroteo. Al llegar, los uniformados constataron que el herido era uno de sus propios compañeros, que había disparado con un arma oficial contra otros policías minutos antes. Era parte de un escuadrón. Los datos revelan que hay ajusticiamientos a nombre de una supuesta “limpieza” contra antisociales en varias provincias (Los Ríos, Esmeraldas, Manabí, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas).
Si hay sicarios policías hay que cortar esta lacra de raíz.