La isla de paz, como calificó al Ecuador algún ex Presidente, es apenas un vago testimonio de la memoria. El país de 2010 es un territorio donde la violencia criminal muestra su rostro esperpéntico.
Las cifras oficiales que presentan las autoridades hablan solas. En Guayaquil hubo 212 homicidios en el 2010. Un 64% de esas muertes se considera ajuste de cuentas. Un 17% tiene el asalto y el robo como móvil, y el presunto sicariato suma el 11%. Un aspecto notorio: 66 de los muertos tenían antecedentes penales.
El asesinato a sangre fría de una mujer que resultó ser esposa de un asambleísta del movimiento oficial en El Oro refresca otra muerte no resuelta de un ex presidente del Congreso en 2008, en esa misma provincia.
La Policía investiga y un jefe se molesta porque le preguntan sobre un presumible sicariato, pero son las mismas autoridades nacionales las que han considerado una reforma sobre la materia para tipificar a este crimen por encargo -asesinato a sueldo- como un delito per se, más allá de las distintas clasificaciones que contempla el Código Penal.
Hace poco, las más altas autoridades del ramo decían que una medida de control para las motocicletas tardaría tres meses. La experiencia de otros países señala que los crímenes desde estos vehículos en movimiento son reiterados. Llama la atención que solo tras la lamentable muerte de la esposa de un político llegue el anuncio de una estrategia contra el sicariato con asesoría extranjera.
Las denuncias no son nuevas, Manabí ha reportado casos muy graves. Esmeraldas es tierra de violencias cruzadas, bandas de narcos, ex paramilitares y guerrilleros en asocio.
La seguridad debe ser una política de Estado prioritaria en el Ecuador. ¡Basta de muertes violentas!