Los ciudadanos y países que adoptan el “kt” bolivariano desarrollado en Venezuela por Hugo Chávez, pueden tener una certeza: sus libertades y derechos comenzaron a menguar, sus instituciones a ser corroídas por dentro y la democracia representativa será rápidamente sustituida y manipulada por el gobernante.
El periodismo independiente, en su misión de mantener a los gobernantes bajo vigilancia, en nombre de la sociedad civil, es cambiado por la prensa ‘light’ y por medios de comunicación estatales.
El “kit” bolivariano está en plena aplicación en Ecuador desde que el presidente Correa asumió sus funciones. Y ahora el Congreso se prepara para votar la Ley de Comunicación, una antigua propuesta de Correa.
Este movimiento de cercar a la libertad de prensa y expresión viene de Caracas y sigue un rito para dar tintes de un proceso democrático: son convocadas conferencias nacionales en que grupos organizados de militantes elaboran propuestas de “control social” de la prensa independiente, después son encaminados hacia un Congreso dominado por el caudillo para su aprobación.
El modelo también fue seguido en Argentina por la Ley de Medios para desmontar a los grupos de comunicación que editan los diarios Clarín y La Nación, que no dependen de rentas públicas.
Acuartelados en nombre del “control social” de los medios, los grupos se vuelven dependientes de los recursos oficiales, pero en Argentina, donde las instituciones resisten al kirchenerismo, la justicia revocó parte de la ley y el Congreso prometió revisarlo.
En Brasil, el gobierno de Lula intentó lo mismo a través de la Conferencia Nacional de Comunicación (Confecom). Pero las propuestas tienden a morir en las gavetas del Congreso. Además, muchas de ellas buscan “dar palo” a la prensa y no se tramitan por inconstitucionales.
En Ecuador, el Gobierno desplegó durante la Copa del Mundo una intensa campaña en emisoras de TV estatizadas por Correa, lo cual generó un ambiente hostil a la prensa independiente. Las direcciones generales de los diarios EL COMERCIO, El Universo y Hoy, protestaron a la Presidencia de la República. En un Editorial, EL COMERCIO recordó que la Constitución Ecuatoriana invoca textos internacionales que protegen “los derechos civiles y las garantías de las libertades como normas superiores”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó a la propaganda como agresiva y cuestionó que el Gobierno ecuatoriano usara la televisión estatal para ‘descalificar e injuriar’ a los medios.
La ley que Correa pretende aprobar en el Congreso ganó el apelativo de “mordaza” porque establece condicionamiento a la información que puede llevar a una censura previa. Además, crea un Consejo de Comunicación con fuerte injerencia del Gobierno.