Agentes de la Unidad de Lavado de Activos confiscaron documentos en la empresa Diacelec, en Quito, el viernes. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Las seis personas relacionadas con la red de pago de sobornos de la constructora Odebrecht habrían cometido cohecho, concusión (exigir pagos indebidos), lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Esta serie de hechos configuran el delito de asociación ilícita, por el que están siendo indagados. El Código Integral Penal (art. 370) lo sanciona con prisión de tres a cinco años.
Permanecerán detenidos 90 días, que corresponden a la etapa de instrucción fiscal. Tras este período de investigaciones, se desvirtuarán o no los cargos en su contra.
La Fiscalía estableció, tras cinco meses de indagación, que los cinco presos y uno con arresto domiciliario habrían sido parte de un esquema criminal internacional, en el que Ecuador no es la excepción.
Carlos Villamarín, exfuncionario de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), habría recibido pagos para que Odebrecht se beneficie de contratos. Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, valiéndose de su parentesco, también habría ayudado a que se obtengan varios contratos.
José Rubén Terán, exfuncionario de Petroproducción, supuestamente era intermediario entre la multinacional y otros empleados públicos, en compañía del empresario guayaquileño Gustavo Massuh.
Kepler Verduga y José Catagua, dueño y gerente de Equitransa, habrían sido los facilitadores para concretar la entrega de sobornos, usando como escudo a esta firma subcontratista de Odebrecht.
Infografía con los montos injustificados de tres detenidos y dos empresas vinculadas con el caso Odebrecht. Fuente: Fiscalía
Verduga también aparece como director y tesorero de una ‘offshore’ en Panamá, que lleva el mismo nombre, inscrita el 29 de enero del 2010 con USD 10 000. Además, en el Registro Público de Panamá se encuentra Equitransa Internacional, que fue registrada en el 2011 y ahora está disuelta.
Sin embargo, en el reporte de Fiscalía sobre el caso constan los montos injustificados de José Terán Vásconez, que obtuvo la libertad, Massuh y Villamarín. Pero no está el detalle de Rivera, Catagua y Verduga. Para determinar los recursos sin justificar se cruzaron datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
Pablo Díaz, abogado de Verduga, cuestionó la investigación fiscal, pues no se precisan hechos concretos, solo hay referencias generales. Hasta la mañana de ayer, no pudo revisar el expediente para conocer al detalle las acusaciones en contra del principal accionista de Equitransa.
Kléver Sigüencia, defensor de Ricardo Rivera, coincide en que las evidencias presentadas no son suficientes para hablar de un esquema criminal. Espera que en los próximos 90 días, la Fiscalía presente pruebas contundentes de este delito.
Odebrecht abrió seis firmas en el Ecuador
En los expedientes fiscales también consta la asistencia penal que EE.UU. remitió al Ecuador. Ahí se advierte que Odebrecht operaba de forma irregular desde el 2001.
En Ecuador, la multinacional operó con seis empresas, cuyos nombres son similares. Por ejemplo, el 20 de febrero del 2016 constituyó Odebrecht Engenharia e Construçao Internacional, como sucursal extranjera y sigue activa en el World Trade Center, de la 12 de Octubre y Cordero, en Quito. Junto a este edificio está un hotel, donde sus directivos alquilaban la suite 156, para pagar los sobornos.
Consorcio Línea 1-Metro de Quito-Acciona-Odebrecht operó en Quito, desde el 29 de octubre del 2015, para manejar la construcción del Metro.
En Guayaquil operaron tres firmas. La una como sucursal bajo el nombre de Constructora Norberto Odebrecht, sigue activa en la ‘Súper’ de Compañías desde 1987. Sus oficinas ya fueron allanadas. Otra funcionó desde 1993 con la misma dirección del Puerto Principal. En 1997, crearon otra como asociación o consorcio y ahora está inactiva.
En Portoviejo está cancelada la inscripción de una más, que funcionó desde 1998.
Para EE.UU., los empleados de la firma “conspiraron voluntariamente y proporcionaron cientos de millones de dólares en pagos y otros bienes de valor a funcionarios extranjeros”. Entre los sobornados hay representantes de partidos políticos y candidatos a altos cargos, que según la Fiscalía ecuatoriana tienen fuero de Corte. El único fin de esas operaciones ilícitas fue “obtener y retener” sus negocios en la región.
El seguimiento de las investigaciones ahora está a cargo de Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Este equipo fue creado por el fiscal general Carlos Baca.
Fiscalía contó con un colaborador eficaz
En las indagaciones consta el testimonio de un hombre identificado como Fernando Fernandes, quien actualmente sirve como “cooperador eficaz”. Sin embargo, los detalles de su colaboración aún no es pública. Se trata de un exdirectivo de Odebrecht en Brasil. En abril pasado, su nombre trascendió porque fue uno de los delatores que entregó datos a la justicia brasileña, mencionando a Ecuador.
Según el Código Integral Penal (art. 491), la cooperación eficaz es “el acuerdo de suministro de datos o informaciones” para “esclarecer los hechos indagados” o para “identificar a sus responsables”.
Esta posible colaboración ya había sido discutida por el exfiscal general, Galo Chiriboga. El 3 de marzo, él viajó a Perú y se reunió con directivos de la constructora. “Estamos buscando un acuerdo con ellos. Esa es también una de las razones por las que estamos en Lima”, comentó entonces Chiriboga, tras visitar al fiscal Pablo Sánchez.
En abril pasado, Fernandes confesó ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre el supuesto pago de USD 1 millón a una autoridad del Ministerio de Energía, luego de obtener el contrato de la construcción de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón.