La fiscal Claudia Romero fue quien investigó los presuntos actos de corrupción en el Ministerio del Interior. Foto: ARCHIVO / API
La excoordinadora administrativa del Ministerio del Interior, María Paula Christiansen, será investigada por un presunto delito de tráfico de influencias.
Así se detalla en el impulso fiscal N° 51, emitido hace ocho días. En ese documento se indica que mientras se investigaba un supuesto delito de concusión, en el cual también es nombrada, se encontraron elementos que podrían derivar en este nuevo ilícito.
Por eso, se dispuso que se inicien las indagaciones correspondientes en contra de Christiansen y “otras personas que pudiesen tener participación delictiva”.
Dentro de los elementos que la Fiscalía analizó en la investigación por concusión están registros de llamadas y de mensajes entrantes y salientes de tres celulares.
Esta indagación comenzó en noviembre pasado. Los primeros días de ese mes, la Fiscalía indicó que existían sospechas de que en el Ministerio del Interior se cometieron presuntos actos de corrupción. Se refería especialmente a la adjudicación de contratos para la compra de caballos, chalecos, municiones y automotores.
Esas irregularidades fueron analizadas por la Contraloría y la Fiscalía. Esta última aseguró que dos funcionarios, entre ellos Christiansen, junto a un asistente de la Asamblea y una extranjera se habrían asociado para exigir pagos a proveedores del Ministerio del Interior.
Desde entonces, sobre la exfuncionaria pesa una orden de detención. Pero Diego Chimbo, abogado de Christiansen, dice que ya solicitó que se levante esa medida y aclara que no hubo tal investigación por concusión.
Según el jurista, la excoordinadora fue “nombrada en una investigación por el presunto delito de asociación ilícita”, pero en ese proceso su defendida no habría sido vinculada ni acusada. Por eso, según Chimbo, la orden de detención “quedó sin efecto”. Aunque tampoco precisa la ubicación actual de la excoordinadora.
En torno a la nueva investigación que la Fiscalía inició en contra de Christiansen, el defensor asegura que su clienta es inocente, pues hasta el momento no hay una acusación directa. “Lo que la Fiscalía está pidiendo es que se investigue para conocer si hubo o no tal delito. Es una indagación previa en la que aún no se comprueba si hubo ilícito”.
Las investigaciones en contra de la exfuncionaria corresponde a los hechos del 2014, cuando se habrían dado las supuestas irregularidades. Christiansen salió de la Cartera de Estado en el 2015.
La fiscal Claudia Romero investigó la gestión de la excoordinadora y en noviembre pasado indicó que tanto la exfuncionaria como su esposo salieron del país. Según los agentes, la mujer no manejaba cuentas bancarias y tampoco registraba bienes a su nombre. “Todo se manejaba a través de su esposo”, dijo la fiscal Romero.
Luego de estas aseveraciones, la agente denunció que sufrió dos atentados. Eso fue ratificado por el fiscalía Carlos Baca Mancheno, quien ordenó que se investiguen las intimidaciones y posibles presiones que fueron denunciadas.
Luego de esos episodios, Baca solicitó que se abra una investigación por supuesto tráfico de influencias.