Los abogados públicos y particulares de los 60 procesados tras las protestas en las afueras del Colegio Mejía del 18 de septiembre pasado, solicitaron a la jueza Daniela Mayorga que disponga la nulidad de todo el proceso. Sin embargo la funcionaria determinó que el juicio por daño a bien ajeno es válido.
En general, los abogados argumentaron posibles vicios en el proceso penal desde la detención de los implicados. Dijeron que los muchachos no fueron llevados de forma inmediata ante una autoridad judicial, sino al Regimiento Quito número dos, en donde presuntamente habrían sido maltratados por elementos policiales.
La defensa presentó como prueba los reportes médicos en los que se establecen diferentes lesiones entre graves y leves. Pero Mayorga, dijo que la documentación presentada no tiene validez y que una denuncia por supuesta tortura o tratos crueles, debe ser presentada ante otra autoridad.
La defensora pública, Tania Ortiz, indicó que las actuaciones de la Fiscalía y de la jueza, a su criterio, vician en el debido proceso. “La diligencia de identidad humana (para establecer sospechosos a través de fotos y videos) no se realizó en presencia de los abogados ni de los detenidos. Los únicos que reconocieron a los chicos son los dos tenientes (que firmaron el parte) del día del arresto”, señaló.
Otro defensor público, Roberto Becerra, cuestionó la imparcialidad de la jueza Mayorga, ya que ella conoció y ordenó la prisión preventiva en contra de 53 jóvenes en la audiencia de flagrancia que se realizó la noche del 19 de septiembre.
Según Becerra, el juez que debe juzgar a los estudiantes debe ser uno que conozca por primera vez, en audiencia oral y pública, las circunstancias en las cuales se desarrollaron los hechos.
Mayorga reconoció que sí es competente para el caso y que ha demostrado su imparcialidad. En estos momentos, la jueza suspendió la diligencia hasta las 13:30.