28 de mayo de 2017 00:05

La compleja misión de la OEA: Defender los derechos y la democracia

Una mujer sostiene una Constitución Política de Venezuela frente a integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana. (GNB) durante una manifestación hoy, domingo 14 de mayo de 2017, en Caracas (Venezuela).

Una mujer sostiene una Constitución Política de Venezuela frente a integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana. (GNB) durante una manifestación el 14 de mayo de 2017, en Caracas (Venezuela). Foto: Agencia EFE

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José Ayala Lasso
Excanciller del Ecuador;
Alto Comisionado, DD.HH., ONU (O)

En abril de 1948, los países americanos suscribieron, en Bogotá, la Carta de la OEA, consagrando la identidad de una institución cuyos orígenes se remontan al Congreso de Panamá, realizado en 1826, bajo la inspiración de Simón Bolívar, quien advirtió la necesidad de que los países independizados del dominio español se prepararan para afrontar los peligros que podían provenir tanto de Europa como del norte anglosajón. “Es una idea grandiosa dijo, en la Carta de Jamaica, pretender formar de todo el Nuevo Mundo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo”.

Años después, en 1890, ese afán integracionista se tradujo en la creación de la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas que, en 1910, se transformó en la Unión Panamericana. Finalmente, en 1948, fueron aprobadas la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La voluntad integracionista que movió a los países de nuestro hemisferio tuvo dos objetivos básicos: asegurar la cooperación general para preservar la independencia y la soberanía de los estados, y facilitar su inserción en un mundo en el que prevalecían grandes diferencias de poder entre las naciones.

Los países que suscribieron la Carta lo hicieron “convencidos de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones”.

Reconocieron que la solidaridad americana se concibe “dentro del marco de las instituciones democráticas”, en un “régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.” Al enunciar los principios de la OEA, la Carta dice que “la solidaridad de los estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”.

Es importante mencionar que los pueblos americanos han adquirido clara consciencia de la vinculación entre paz, derechos humanos y democracia, lo que finalmente les llevó a la aprobación de la Carta Democrática Interamericana en 2001, cuyo primer artículo establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

Las medidas prácticas ejercidas en defensa de los valores democráticos se pusieron de manifiesto en Nicaragua, cuando la OEA contribuyó a la reconciliación nacional y a la reincorporación de combatientes antisomocistas en la sociedad civil; en Surinam, mediante la puesta en marcha de un acuerdo para restablecer la paz interna; en Perú, a raíz del autogolpe propiciado por el presidente Fujimori, en 1992; en Guatemala y Haití, al propiciar la acción colectiva para restablecer el orden constitucional, y más recientemente en Honduras.

En 1992, el presidente Fujimori dio un golpe institucional en el Perú, disolvió el Parlamento e intervino en la Corte de Justicia. Más del 80% de la población le apoyó. Cuando la OEA resolvió examinar el caso, se constataron las distintas posiciones de los países miembros, movidos más por consideraciones de orden político coyuntural que por principios jurídicos permanentes. Mientras todos condenaban el golpe, pocos se sentían inclinados a aplicar sanciones. El Grupo de Río expulsó de su seno al Gobierno peruano, medida que muchos consideraron suficiente.

El presidente Fujimori concurrió a la reunión de Cancilleres de la OEA y presentó un plan para restablecer la democracia mediante la convocatoria de un Congreso Constituyente. Sus defensores consideraban al autogolpe una contribución para pasar “hacia una democracia real y verdadera y cambiar el marco constitucional formal por un marco real”. Sus opositores respondían que “no se destruye la democracia para salvarla”. En última instancia, en las elecciones convocadas, Fujimori obtuvo amplia mayoría y una Constitución fue aprobada en 1993.

Las acciones colectivas en defensa de la democracia se han visto matizadas porque los estados temen ser acusados de intervenir en asuntos propios de la jurisdicción ajena. Las actuaciones directas de Washington en varios países de América Latina, desde la época de la doctrina Monroe, sembraron una justificada desconfianza en la región. Para evitarlas, se fortaleció y consagró el principio de “no intervención”, aceptado después como norma universal en las Cartas de la ONU y la OEA.

Sin embargo, si bien la doctrina jurídica condena la intervención en los asuntos internos de un Estado, desde hace algunas décadas se discute si hay temas que pueden no estar sujetos a la exclusiva competencia de un Estado. La defensa y protección de los derechos humanos es materia de interés universal y cada vez hay mayor acuerdo en cuanto a la legitimidad de una acción colectiva concertada para defender tales derechos cuando un estado los viola sistemáticamente.

Tal doctrina quedó incorporada en la Carta de Conducta de los Países Andinos que, por iniciativa del presidente Jaime Roldós, fue aprobada en Riobamba en 1981, y universalizada en la Declaración de Viena de 1993. Inicialmente conocida como “intervención humanitaria” tiene ahora el significativo nombre de “obligación de proteger”.

Con ese espíritu, la Carta Democrática Interamericana considera que la democracia también debe ser defendida colectivamente cuando es violada no solo por golpes de estado militares sino cuando las instituciones básicas de la democracia sufren por acciones de un gobierno. Es útil recordar que, según la Carta, la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos y que las elecciones libres, la pluralidad de partidos, la independencia de poderes son, entre otros, elementos esenciales de la democracia.

Tal es el caso actual de Venezuela, en donde son violados flagrantemente los derechos humanos por parte del gobierno y en donde, además, los principios fundamentales de la democracia se irrespetan. La opinión pública internacional condena las violentas represiones gubernamentales de la protesta popular, las maniobras oficiales para posponer los procesos electorales, la interferencia en las labores parlamentarias, la pretendida asunción de poderes legislativos por parte del Ejecutivo, con la complicidad de una sumisa Corte de Justicia.

Los ensayos de diálogo han sido infructuosos y hasta contraproducentes. Los líderes de la oposición siguen encarcelados y más de cincuenta muertos atestiguan la violencia de la represión. El hambre y la enfermedad afectan a la población venezolana. El Gobierno venezolano ha respondido a las críticas anunciando su decisión de separarse de la OEA.

Por consideraciones políticas de carácter ideológico, la acción colectiva se ha visto frenada. Pero el secretario general, Luis Almagro, a pesar de todas las críticas, ha tenido el coraje de asumir las responsabilidades que le incumben, según las cartas de la OEA y Democrática, para promover una iniciativa que hasta el momento no se concreta y que sería básica para asegurar “la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”. La reunión de Cancilleres convocada para fines de mayo deberá responder a la gravedad de la crisis y adoptar las medidas diplomáticas que considere pertinentes para poner fin a la aparente indiferencia internacional que tiene paralizada la acción colectiva.

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