8 de June de 2015 20:55

Cambios a la Ley de Cine validados por consenso

La Plataforma Audiovisual tiene lista una propuesta de reforma a la normativa de fomento al cine. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

La Plataforma Audiovisual tiene lista una propuesta de reforma a la normativa de fomento al cine. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

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Fernando Criollo
Redactor (I)

En un poco más de dos meses, un proceso de diálogo entre los distintos gremios vinculados a la producción audiovisual del país deja como resultado un documento que contiene la propuesta de reforma a la actual Ley de Fomento del Cine Nacional.

Tras el III Encuentro Nacional de Cine (25 y 26 marzo), los representantes de una decena de organizaciones vieron la necesidad de constituirse en una Plataforma Audiovisual, como un espacio de análisis y debate alrededor del actual marco legal que regula el sector.

El 28 de marzo se desarrolló una reunión en Quito, donde cada gremio planteó un problema en torno al desarrollo de la producción audiovisual junto a una alternativa de solución. También se revisó cada artículo de la Ley de Cine y se propusieron reformas.

El 18 de mayo hubo una segunda reunión en la que se procesó esa información para la elaboración de un documento que será presentado este 10 de junio ante las autoridades del Consejo Nacional de Cinematografía (CNCine).

Bajo el nombre de Ley de Cine y Artes Audiovisuales, uno de los principales cambios propuestos es ampliar el ámbito de la ley al fomento y regulación de todo el circuito de producción.

Pero no solo para el cine, dice Jan Vandierendonck, representante de la Asociación de Productores Audiovisuales del Ecuador, sino un cambio que abarque a todo el espectro de la producción audiovisual, incluida la televisión, que “enfrenta un cambio importante de cara a la Ley de Comunicación y a la digitalización”.

Otro tema de consenso es el fortalecimiento de la institucionalidad al ampliar las competencias del CNCine. Para eso se plantea la creación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, como ente ejecutor de las políticas derivadas de un Consejo Nacional. Pero también se busca “defender la representación civil de los gremios”, explica Mariana Andrade, vinculada a la distribución y exhibición. Para esto se propone conformar un Directorio con cuatro representantes del Estado y tres del sector audiovisual.

Otro de los acuerdos tiene que ver con ampliar el destino del fondo de fomento, incluyendo el desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, infraestructura, promoción, investigación y formación.

Al respecto, Diego Mignone, representante de Uniactores, explica que se propone crear un sistema de incentivos fiscales que promuevan la inversión privada, así como buscar otras fuentes de financiamiento, como el redireccionamiento de los impuestos a los espectáculos públicos, así como de las tasas establecidas por el IEPI, repatriación de capitales, contribuciones especiales, entre otros.

Aún hay temas que requieren un debate más extenso. Para Andrade, por ejemplo, es necesaria la revisión de la entrega de fondos por concurso y los sistemas de garantías, que son “un problema complejo porque obliga a muchos realizadores a hipotecar sus bienes”.

Mientras que para María Isabel Silva, representante de la Asociación de Documentalistas del Ecuador, las cuotas de pantalla en cines pueden favorecer la diversidad y la oferta; para Vandierendonck, la alternativa se encuentra en la creación de más espacios y circuitos de difusión. Se prevé que la propuesta también sea presentada ante el Ministerio de Cultura y la Asamblea Nacional.

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